Estos son los 10 puntos que el Gobierno de Gustavo Petro plantea para reducir las tarifas de energía: algunas medidas generan fuerte debate

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, avanza en la socialización de una iniciativa legal que busca transformar el sector eléctrico en Colombia.

Antes de su radicación en el Congreso, el titular de la cartera recorre diferentes ciudades para recolectar observaciones y ajustar su contenido, marcando así la última apuesta del Gobierno Petro para intentar reducir el costo de la luz.

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Tras la aprobación de la reforma laboral, el Ejecutivo llega al último año legislativo con una propuesta que impacta a millones de usuarios y apunta a corregir problemas estructurales del sistema energético.

La propuesta, compuesta por diez puntos principales, será presentada en agosto ante el Congreso. El ministro Palma enfatizó que el proceso incorporará los comentarios recibidos hasta el 25 de julio.

El Gobierno pretende capitalizar el reciente respaldo logrado con la reforma laboral para concretar una reforma profunda en la regulación energética.

“Ya lo demostramos con la reforma laboral. Cuando el pueblo quiere, el Congreso puede”, afirmó Palma en un escenario en el que la mayor parte del Legislativo se encuentra en campaña de reelección.

El ambiente está marcado por la urgencia social de una reducción efectiva en las tarifas de energía, pero existen desacuerdos de fondo entre el Gobierno, gremios, expertos y asociaciones de usuarios.

El propósito de la nueva ley no se limita al alivio tarifario, pues introduce ajustes regulatorios y operativos con implicaciones a largo plazo para la industria y el consumidor.

El primer punto del proyecto de ley busca resolver la deuda acumulada de $2.9 billones con las empresas comercializadoras de energía, originada por la implementación, durante la pandemia, de la “opción tarifaria”, que permitió congelar los pagos de ciertos usuarios.

El Gobierno había prometido saldar la porción correspondiente a los usuarios de menores ingresos, pero el texto actual cambia la ruta y plantea que los estratos 4, 5 y 6, junto con sectores comerciales e industriales, asuman ese saldo pendiente.

Esta decisión ha desatado oposición tanto en expertos como en gremios. El exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, considera injusto transferir estas cargas a usuarios que, por su condición, ya contribuyen con el subsidio al consumo de estratos bajos.

“De aprobarse, además del pago de su deuda por el mismo concepto, los estratos 4, 5 y 6 (que representan menos del 20 por ciento de los usuarios) tendrían que asumir también el pago de la deuda ajena, que nada lo justifica. Ya los estratos 5 y 6, además de su deuda por la Opción Tarifaria, vienen pagando una contribución del 20 por ciento sobre el valor de su consumo para subsidiar estratos 1, 2 y 3”, dijo Acosta en declaraciones a La Silla Vacía.

Andesco, entidad que reúne a las empresas del sector, calificó esta medida como regresiva y contraria al principio de solidaridad, ya que los usuarios no vulnerables asumirían el rol que correspondería a la Nación.

Ante las críticas, el ministro Palma anunció que se evalúa eximir al estrato 4 y estudiar alternativas como el uso de bonos de deuda pública para mitigar el impacto en los usuarios, aunque esta posibilidad enfrenta restricciones fiscales.

2. La reforma también pretende modificar la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), clave en la formación de tarifas y regulación sectorial. El proyecto disminuye de seis a cinco los miembros expertos nombrados por el presidente y suma tres nuevos perfiles: representante de la academia (seleccionado por el presidente), representante de los usuarios y representante sindical (elegidos mediante concurso público).

Otro cambio es la flexibilización de los requisitos para integrar la Comisión, ya que se aceptarán títulos universitarios de cualquier área y la experiencia mínima pasará de seis a cinco años, ampliando el espectro a profesores, investigadores, consultores y asesores. En las jornadas de socialización, se han recibido propuestas incluso para la elección por voto popular de los integrantes de la Creg o la creación de veedurías.

Esta flexibilización genera alertas sobre la idoneidad y el carácter técnico de la Comisión. Para Amylkar Acosta, sería preferible crear mecanismos de participación ciudadana sin debilitar la especialización de quienes toman decisiones regulatorias.

3. La revisión de los subsidios eléctricos constituye otro eje del proyecto. La iniciativa busca retirar los subsidios a hogares de estratos 1, 2 y 3 que excedan los consumos promedio del sector no subsidiado o dupliquen el consumo de subsistencia en su región. Los recursos ahorrados se canalizarían hacia el fondo empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos y la transición energética.

Gremios y asociaciones de usuarios advierten riesgos de exclusión para millones de beneficiarios, especialmente en zonas cálidas donde el consumo energético es más alto por razones climáticas.

El ministro Palma anticipó que se propondrá aumentar el umbral de consumo subsidiado para la Costa Caribe y regiones a nivel del mar, como respuesta a las críticas recibidas.

4. El proyecto establece, de manera expresa, que las facturas de energía sólo podrán incluir conceptos directamente ligados al servicio y al saneamiento básico, dejando por fuera impuestos y tasas municipales.

Si bien esta restricción tiene amplio respaldo en el sector, su efectividad es objeto de análisis: el cobro de estos conceptos podría trasladarse a otros canales, afectando el recaudo de recursos clave para autoridades locales, como la tasa de seguridad.

5. La iniciativa ratifica la vigencia de cinco años para las fórmulas tarifarias que determinan el cálculo final de las tarifas eléctricas. Introduce una cláusula que permitiría modificaciones excepcionales en cualquier momento en caso de errores, afectación de los intereses del usuario o eventos que comprometan la prestación del servicio. Este punto ha generado preocupación entre las empresas y gremios, que advierten sobre la posibilidad de intervenciones discrecionales y debilitamiento de la estabilidad regulatoria.

6. El texto faculta al ministerio para implementar mecanismos que reduzcan el impacto de las variaciones del mercado mayorista sobre los usuarios, incentivando los contratos bilaterales y limitando la exposición a la volatilidad de precios. La propuesta prevé que la Comisión de Regulación de Energía y Gas desarrolle esquemas diferenciados en los seis meses siguientes a la expedición de la ley.

Además, habilita la creación de tarifas preferenciales para industrias con alto consumo que utilicen energía proveniente de fuentes renovables.

Críticas a este capítulo se centran en la atribución de competencias al Ministerio que hoy pertenecen a la Creg y en el riesgo de intervención política en esquemas tarifarios. Sin embargo, expertos resaltan la pertinencia de esta medida para proteger al usuario frente a la volatilidad del mercado durante crisis hídricas o eventos extraordinarios.

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