Mientras el país sigue conociendo la fuerte influencia de la joven Juliana Guerrero en el Gobierno nacional, en la mañana de este miércoles 16 de julio se conocieron nuevos detalles de quien sería uno de los protagonistas en la carrera en asenso de la poderosa mujer.
Se trata de René Segundo Hernández Igirio, recién nombrado director de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior que, pese a la prominente hoja de vida publicada en la cartera, omitió ciertos detalles de su vida, incluida su estrecha relación con Guerrero y los líos judiciales que ha enfrentado en los últimos años.
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Según un reciente informe de la revista Cambio, el ahora funcionario cuenta con dos expedientes judiciales que lo involucran en casos de violencia y hasta falsificación de documentos.
La trayectoria profesional de René Segundo Hernández Igirio se encuentra entrelazada con la figura de Juliana Guerrero Jiménez, asesora de alto nivel en el Ministerio del Interior y la Presidencia, cuya influencia ha sido clave en recientes movimientos políticos y administrativos, y que ha sido elogiada por el mismo presidente Gustavo Petro.
De acuerdo con la investigación del medio nacional, ambos compartieron actividades en la Asociación Raíces Afro en Codazzi, Cesar, organización donde Guerrero inició su carrera y que le permitió dar el salto al sector público, logrando su primer contrato en la cartera política en 2023, con tan solo 20 años y sin título profesional.
Los 41 meses que Juliana Guerrero reportó como experiencia en Raíces Afro fueron fundamentales para este nombramiento. Voceros consultados por Cambio indicaron que fue el propio Hernández Igirio quien acercó a Guerrero y a su hermana Verónica al equipo que gestó la candidatura de Gustavo Petro en 2022, consolidando así una alianza que trascendió el plano social para insertarse en la estructura de poder del país.
Según los documentos obtenidos por el medio nacional, la condena más seria que enfrentó Hernández procede de un fallo emitido el 29 de noviembre de 2006, ratificado en segunda instancia al año siguiente.
El proceso se originó a raíz de una auditoría interna en 2001 en la Universidad Popular del Cesar, después de que surgieron rumores sobre el cobro irregular de matrículas por parte de personas ajenas a la institución.
Una investigación en la universidad detectó timbres bancarios falsificados del Banco Popular en documentos estudiantiles. La denuncia fue remitida al DAS, organismo que abrió la pesquisa e identificó a Hernández —quien se desempeñaba entonces como consejero superior universitario— junto a otros dos empleados, Yesith Alfonso Valdés y Jimy Silva, como involucrados.
Además, durante el período entre 2003 y 2007, la hoja de vida de Hernández presentada al Ministerio no muestra ocupaciones en Colombia. Su regreso profesional quedó registrado el 1 de enero de 2008 con su vinculación a la Fundación Nueva América Ecológica en Sincelejo, organización de la que no existen registros públicos ni evidencia de actividad actual, ya que la sede es ahora un restaurante.
Luego, Hernández asumió la presidencia y representación legal de la Fundación para la Vocación y el Desarrollo del Talento Humano, sin que tampoco se encuentren datos verificables sobre sus operaciones.
En agosto de 2011, Hernández Igirio retornó como docente a la Universidad Popular del Cesar, institución que paradójicamente fue declarada víctima en el proceso penal que lo involucró años antes. El entonces rector, Jesualdo Hernández Mieles, hoy oficia como contratista tanto de la Dirección de Consulta Previa —que lidera René Hernández— como de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, cuyo encargado, Larry Sadith Álvarez, es allegado a Hernández y cercano al presidente Gustavo Petro.
Cambio reveló que Hernández Mieles enfrenta cargos disciplinarios por presuntas irregularidades en el Consejo Superior de la universidad en 2020, proceso disciplinario que actualmente adelanta la Procuraduría.
La participación de Hernández Igirio ha sido activa en campañas políticas de relevancia. Fue contador de la candidatura presidencial de Petro en 2018 y coordinó regionalmente la apuesta de 2022 en Cesar. También se le relaciona con la campaña de Alexandra Pineda a la Gobernación, aliada de Larry Sadith Álvarez y asesora en la Agencia Nacional de Tierras. Pineda es cercana, además, a Alfredo Saade, jefe de Despacho presidencial, quien según fuentes del Gobierno citadas por Cambio, mantiene diferencias con Juliana Guerrero.
El prontuario judicial de Hernández Igirio suma un incidente más reciente. En 2022, Leonor González, de 68 años, presentó una denuncia en su contra por presunta agresión en Valledupar, caso que, según Félix Gónzalez, hermano de la denunciante y citado por el medio, no registra avances ni actuaciones en la Fiscalía General de la Nación Seccional Valledupar después de más de dos años.
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