En un comunicado oficial emitido en la tarde del miércoles 9 de julio de 2025, el centro comercial Salitre Plaza manifestó su preocupación por el traslado de la comunidad embera a la sede del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal (IDPAC) ubicada en el barrio Montevideo.
La carta, firmada por Patricia Urrea, gerente general, evidencia el rechazo del sector a esta decisión y enumera las razones por las cuales consideran que las instalaciones no son aptas para funcionar como un lugar de vivienda para dicha población.
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El comunicado sostiene que el IDPAC no cuenta con las condiciones adecuadas para recibir a familias embera “como lugar de vivienda” y alerta sobre impactos previos en el entorno residencial, incluyendo “invasión de espacios privados” y problemáticas de seguridad asociadas a poblaciones vulnerables y flotantes.
Según explicaron desde el centro comercial, estas experiencias previas –hace referencia a zonas como La Rioja– demostraron que los traslados carecen de seguimiento institucional, y que la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBog) “cuenta con recursos muy limitados para monitorear la zona”. Los comerciantes también destacaron que no se ha tenido en cuenta la voz de los residentes, empresarios y comerciantes, quienes conocen la problemática desde hace años.
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Y es que el rechazo por parte de Salitre Plaza se suma a la reacción de Asosalitre y los habitantes de Ciudad Salitre y Montevideo, quienes llevan días protestando contra la medida. Más de 18.000 firmas se han reunido en contra del traslado, y los vecinos han convocado marchas y bloqueos sobre la carrera 68, junto al terminal de transporte, aduciendo que la comunidad no fue consultada ni informada de manera previa.
Voceros como Christian Quiñónez afirmaron que, aunque reconocen el carácter humanitario de la medida, la zona ya enfrenta problemas como inseguridad, asentamientos informales y comercio informal —preocupaciones que se reiteran en el comunicado del centro comercial.
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Por su parte, el concejal Daniel Briceño criticó el manejo unilateral por parte de la Alcaldía y afirmó que los espacios de diálogo serían meramente simbólicos, ya que la decisión estaría tomada previamente
Frente a ello, desde la Secretaría de Gobierno, Gustavo Quintero respondió que sí han existido encuentros de concertación y aseguró que “se prioriza el diálogo”, invitando al concejal y a la comunidad a participar en las mesas de diálogo
Traslado de los indígenas obedece a una orden judicial
Es importante mencionar que la reubicación de la comunidad embera obedece a un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 28 de mayo de 2025, que ordenó su salida inmediata de la UPI La Rioja y del Parque Nacional debido a “condiciones de hacinamiento e insalubridad que ponen en riesgo su vida e integridad”
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Tras un proceso técnico en el que evaluaron más de 70 predios e inspeccionaron 21 con apoyo de entidades distritales, se concluyó que la sede del Idpac Montevideo cumplía con los requisitos mínimos para una reubicación temporal.
La alcaldía informó que el traslado se llevará a cabo tras adecuaciones en el espacio y con apoyo de la Unidad para las Víctimas, que coordinará un cronograma para que los embera retornen gradualmente a sus territorios o se integren localmente
No obstante, los residentes advierten que la zona no es apta para este tipo de transferencia. Asuntos como servicios básicos insuficientes, falta de baños, y ausencia de claridad en la duración de la estancia —temporal, según el Distrito— se han convertido en elementos centrales del rechazo
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Además, los vecinos recuerdan anteriores experiencias en La Rioja o el Parque Nacional, donde las condiciones sanitarias y de convivencia fueron insuficientes y causaron tensiones prolongadas
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