En una audiencia llevada a cabo el 3 de julio de 2025, un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá impuso medida de aseguramiento en establecimiento de reclusión al el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González Merchán.
El exfuncionario del Gobierno habría participado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd); sin embargo, se mantiene en su inocencia. En medio de la diligencia, cuestionó los señalamientos en su contra y puso en duda los argumentos utilizados para insinuar su culpabilidad en el direccionamiento de contratos de la entidad y el pago de coimas a congresistas.
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“De ahí a que yo tenga algo que ver con eso, es absolutamente falso, estamos ante una incriminación que tiene una motivación clarísima (…). Yo me examino en cada una de mis conductas, de mi comportamiento, de mis acciones, y no encuentro una que me haga pensar que por ahí pude haber cometido un error”, precisó el exdirector del Dapre.
Según el exfuncionario del Gobierno nacional, no hay elementos probatorios de peso que permitan determinar que, en efecto, estuvo relacionado con el entramado de corrupción. Considera entonces que el llamado que está haciéndole la justicia colombiana está basado en prejuicios. “¿Por qué?, ¿por ser amigo del presidente?, ¿por haber sido guerrillero?, ¿por qué soy sospechoso de entrada?”, cuestionó.
Aseguró que los señalamientos en su contra por parte de Olmedo López, exdirector de la Ungrd que confesó haber estado involucrado en el caso de corrupción, no son suficientes para determinar su culpabilidad. Insistió en que sus declaraciones ante las autoridades y ante los medios de comunicación carecen de evidencia.
“Entonces Carlos Ramón, el corrupto. No, señor. Entonces cualquiera de ustedes podría serlo si el tipo lo hubiera mencionado y se los hubiera encontrado en la esquina de cualquier lugar del país”, aseveró.
Asimismo, puso en duda la credibilidad y transparencia de la justicia colombiana por ordenar su captura y por presuntamente presumir su culpabilidad. Desde su perspectiva, el hecho de que esté vinculado en la investigación y de que haya sido cobijado con una medida de aseguramiento en centro carcelario demostraría que los medios de comunicación que han cubierto el escándalo de corrupción han logrado presionar a los jueces de la República.
Pues, en la prensa se han divulgado las acusaciones en su contra y se ha cuestionado su paradero, teniendo en cuenta que desde que estalló el escándalo, González dejó el país y ha estado presentándose a las diligencias ante la justicia de manera virtual.
“Siempre estuve callado. Nunca di un testimonio. Nunca di una entrevista a los medios de comunicación, porque yo creía que los jueces no se dejaban presionar por los medios de comunicación (…). Eso es lo que veo aquí, un montón de funcionarios acosados por la prensa”, indicó.
Añadió: “Es pura persecución política. Tres años de mi vida perdidos”.
La investigación contra Carlos Ramón González
No obstante, la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación indica que, entre septiembre y octubre de 2023, González Merchán habría instruido a Olmedo López Martínez para direccionar contratos con el fin de obtener recursos ilícitos destinados al pago de coimas.
Los receptores de los millonarios recursos fueron los entonces presidentes del Senado, Iván Leonidas Name Vásquez, y de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas, quienes se habrían comprometido a respaldar ciertos proyectos de ley. El primero habría recibido $3.000 millones, mientras que el segundo habría recibido $1.000 millones.
“El dinero dirigido a las eventuales coimas saldría del contrato que tenía por objeto la compra de 40 carrotanques que servirían para suministrar agua potable a comunidades indígenas del departamento de La Guajira”, detalló el ente acusador en un comunicado.
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