Se investigan a 15 concejales de La Estrella, Antioquia, por presuntas irregularidades en la elección del secretario general

Entre los puntos más controvertidos que evalúa la Procuraduría General de la Nación se encuentra la existencia de un solo proponente en el proceso de selección del secretario general del concejo de La Estrella (Antioquia), hecho que desembocó en la designación de esta única candidatura.

La situación pone bajo escrutinio la transparencia y legalidad de la elección. Según informó la Procuraduría, la investigación disciplinaria recae sobre los 15 integrantes del concejo municipal, quienes están señalados por presuntas irregularidades en la escogencia del funcionario para la vigencia de 2023.

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Una de las líneas de indagación principales, según detalló el órgano de control, involucra el contrato firmado con la persona jurídica Asistencia Nacional Investigativa S.A.S ANI OMEGA S.A.S, entidad encargada de estructurar la convocatoria pública para la selección del servidor.

El ente disciplinario determinó la necesidad de establecer si se cumplió con la adecuada acreditación de alta calidad exigida para la elaboración del proceso, elemento fundamental para garantizar la idoneidad y legalidad del concurso.

De esta manera, la Procuraduría precisó que los concejales Mauricio Cruz Henao, Juan Pablo Triana, William Villa Vásquez, Juan Pablo Arteaga Cano, Andrés Camilo Cano, Natacha Gil Escobar, Estiben Orleit Moncada Castañeda, Dahyana Pabón Jiménez, Willington Herrera Arroyave, John Edison Ocampo Mejía, Walter Alexis Londoño Agudelo, Jhon Mauricio Oquendo Cadavid, Natalia Alejandra Londoño Parra, Andrés Camilo Cano Londoño y Sebastian Tapias Madrigal son los llamados a responder ante la Procuraduría Provincial de Instrucción de Valle de Aburrá por presuntamente haber incurrido en anomalías durante el procedimiento administrativo.

Por otra parte, el ente de control examina las razones que originaron la presentación de solo un candidato en la convocatoria y el mecanismo que permitió su elección directa.

Para el organismo, resulta relevante aclarar si existieron barreras o condiciones que limitaran la pluralidad de aspirantes, un aspecto clave para la transparencia en la provisión de cargos públicos.

El Ministerio Público también analiza posibles omisiones por parte de los concejales referidas a la publicación del acto administrativo de posesión en la página web del concejo municipal. Se investiga si este procedimiento, que debe realizarse para garantizar la publicidad y acceso a la información pública, se llevó a cabo correctamente, conforme a la normatividad vigente.

En desarrollo de la indagación, el organismo de control disciplinario busca precisar si las actuaciones señaladas constituyen falta disciplinaria por parte de los funcionarios públicos implicados.

Según publicó la Procuraduría, ya se han solicitado las pruebas correspondientes para establecer los responsables y tomar las decisiones disciplinarias que correspondan, en función de los resultados que arroje el proceso investigativo.

Procuraduría abre investigación tras asesinato de concejal en San Andrés de Cuerquia y evalúa posibles amenazas previas

Un comunicado de la Procuraduría General de la Nación reveló que la entidad articuló acciones con procuradores regionales y provinciales en Antioquia para avanzar en la investigación por el asesinato de Juan Camilo Espinoza Vanegas, concejal de San Andrés de Cuerquia.

Según la entidad, estas acciones incluyen el establecimiento de contactos directos con autoridades judiciales y de investigación, con el objetivo de determinar si el líder político había enfrentado amenazas o vulneraciones previas a sus derechos humanos.

Esta medida, señaló la Procuraduría, surge en un contexto de incremento en los riesgos y atentados contra líderes políticos y sociales en Colombia.

De acuerdo con la información divulgada por la Procuraduría General de la Nación, el homicidio de Espinoza Vanegas ocurrió el 16 de junio en el municipio de San Andrés de Cuerquia, ubicado en el norte del departamento de Antioquia.

La entidad indicó que, tras el atentado, puso en marcha un plan minucioso de seguimiento para esclarecer los hechos y establecer todas las circunstancias que rodearon el crimen. Esta estrategia pretende identificar si existieron amenazas directas o si las funciones que venía desempeñando como concejal pudieron relacionarse con el ataque que le costó la vida.