Gobierno colombiano confirmó la liberación del profesor Miguel Ángel Beltrán y su familia, tras su detención en Serbia

La Cancillería de Colombia confirmó, el lunes 30 de junio, la liberación del profesor universitario Miguel Ángel Beltrán, su esposa Natalia Caruso y sus dos hijos, luego de haber permanecido retenidos por más de 30 horas en un centro de detención migratoria en Belgrado, Serbia.

El profesor Beltrán, vinculado a la Universidad Nacional de Colombia y reconocido por su trabajo académico sobre el conflicto armado y los derechos humanos en América Latina, se dirigía con su familia al 58º Congreso Internacional de Americanistas, convocado en la Universidad de Novi Sad, en Serbia. Sin embargo, al arribar al país europeo, fue señalado por los oficiales migratorios como “no apto” para ingresar y se le notificó que sería deportado a Portugal.

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Las autoridades de ese país los consideraron inicialmente una amenaza para la seguridad nacional, sin presentar pruebas ni antecedentes judiciales que justificaran esa calificación.

La confirmación fue dada por el vicecanciller de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo, quen señaló: “Acabo de hablar con Miguel Ángel Beltrán. Ya pudo ingresar a territorio serbio junto a su familia. Gracias a los funcionarios de Cancillería por la pronta reacción. Seguimos trabajando por los derechos de los colombianos y por erradicar los visos autoritarios de gobiernos anteriores”, expresó a través de la red social X.

Durante la retención del académico, tanto él como su familia fueron recluidos en condiciones similares a las de una celda. El episodio generó una rápida reacción diplomática por parte del Gobierno colombiano, que envió una nota de protesta al gobierno serbio a través de su Cancillería, exigiendo el respeto a los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

Rechazo oficial y académico por posible persecución

La ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, expresó su rechazo a la detención del académico colombiano. En declaraciones públicas, afirmó: “Rechazamos cualquier forma de persecución política”, y confirmó que el Ministerio envió una comunicación oficial exigiendo explicaciones por lo ocurrido.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro también se pronunció con severidad frente al hecho, al considerar que la detención podría estar relacionada con mecanismos de vigilancia internacional usados en gobiernos anteriores: “Lo que le sucedió al profesor Beltrán demuestra que existen listas negras creadas en gobiernos pasados”, advirtió, al tiempo que exigió revisar este tipo de procedimientos que perfilan a ciudadanos por razones políticas.

Desde el sector académico, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Pedagógica emitieron comunicados de respaldo al profesor Beltrán y su familia. En particular, la Universidad Nacional sostuvo: “Es inadmisible que un intelectual siga siendo hostigado por pensar distinto”, al tiempo que denunció que la familia ha sido víctima recurrente de este tipo de situaciones durante los últimos años.

Una trayectoria crítica y los ecos de un pasado judicial ya resuelto

Miguel Ángel Beltrán ha sido una figura reconocida por su trabajo investigativo sobre las luchas sociales y la violencia política en la región. No obstante, su pensamiento crítico y su historial judicial —pese a haber sido absuelto en 2016 por la Corte Suprema de Justicia en un proceso que lo vinculaba con la extinta guerrilla de las Farc— parecen haberlo mantenido bajo sospecha en diversos escenarios internacionales.

Este no ha sido el único incidente reciente que ha afectado su movilidad. En 2024, también fue retenido brevemente en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima, Perú. Aunque fue liberado, estos episodios han sido interpretados por la comunidad académica como una forma de persecución política encubierta bajo argumentos de seguridad migratoria.

Aunque la presión del Gobierno colombiano resultó efectiva para lograr su liberación, el caso ha abierto una discusión más amplia sobre la persistencia de listas negras, la instrumentalización de alertas migratorias y la necesidad de garantizar la libre circulación de académicos e investigadores.