El Gobierno tomó el control, pero las clínicas siguen sin un peso: así está el panorama

Los hospitales y clínicas del país siguen a la espera de recursos suficientes para operar con normalidad, la reforma de salud que el Gobierno intenta aplicar por vías administrativas se enfrenta a una creciente crisis estructural. La intervención de ocho EPS, que actualmente agrupan cerca del 46% de los afiliados del sistema, no solo es cuestionada por su legalidad, también por su efectividad en resolver los problemas financieros de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).

Una de las piezas centrales del nuevo esquema es el giro directo. A través de este mecanismo, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) entrega los pagos directamente a clínicas y hospitales, sin pasar por las EPS. En principio, esta modalidad buscaba acortar los tiempos y mejorar el flujo de recursos, pero en la práctica no es suficiente para frenar la crisis.

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El problema, según voces técnicas como la del economista de la salud Jesús Botero, tiene raíces más profundas. “Detrás de todo está la insuficiencia de la unidad de pago por capitación (UPC), pues si los fondos no alcanzan no se puede girar la plata que se necesita. Es buen mecanismo, pero siempre es fundamental que sea suficiente”, dijo a El Colombiano. La UPC, que es el monto que el Estado destina por cada afiliado para cubrir sus atenciones médicas, fue señalada por varios expertos como insuficiente frente a la creciente demanda del sistema.

Este señalamiento es negado reiteradamente por el Gobierno, pero fue respaldado en enero por la Corte Constitucional en un auto que dejó claro que la financiación actual del sistema no cubre de manera adecuada las necesidades. A ello se suma la reciente decisión del alto tribunal de anular la intervención a la EPS Sanitas por considerar que se violó el debido proceso, lo que debilitó aún más la estrategia del Ejecutivo de tomar el control operativo del sistema a través de las intervenciones.

Sin embargo, el punto más álgido se evidenció tras las declaraciones del director de la Adres, Félix Martínez. En un video publicado por la entidad, Martínez explicó que el 80% de los recursos asignados a las EPS intervenidas es entregado por la Adres directamente a las IPS, pero bajo las órdenes de las propias aseguradoras, que siguen decidiendo qué instituciones reciben el dinero y en qué proporción. “Pero la Adres no puede decidir, porque el dinero es de las EPS, cómo lo reparte. Las EPS le pasan la nómina de cómo distribuir ese 80% entre sus IPS. Adres lo que hace es que asegura que ese 80 fluya hacia la red, pero los que ordena la EPS”, aseguró.

La declaración desató críticas inmediatas. La Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer) respondió con firmeza al recordar que, al intervenir una EPS, el Gobierno asume también sus responsabilidades. “No pueden seguir actuando como si no tuvieran nada que ver, mientras clínicas cierran, hospitales colapsan y pacientes mueren esperando atención”, señaló la organización, que calificó la situación como una forma de abandono institucional.

Y es que las cifras son alarmantes. Solo entre 2023 y lo corrido de 2024, se cerraron más de 36.700 servicios de salud en Colombia, de los cuales 9.325 lo hicieron de forma definitiva. Este debilitamiento de la red de atención no solo afecta la cobertura, sino que pone en riesgo la vida de miles de personas que no encuentran acceso oportuno a tratamientos, consultas o procedimientos vitales.

Mientras tanto, las solicitudes de los gremios de la salud y las organizaciones de pacientes se acumulan. Reclaman acciones concretas, decisiones financieras urgentes y, sobre todo, coherencia entre la toma de control institucional por parte del Estado y la responsabilidad de garantizar que las clínicas y hospitales puedan seguir funcionando.