
El coronel Carlos Feria, que ocupaba el cargo de jefe de seguridad de la Casa de Nariño y fue designado el 4 de mayo de 2025 como agregado policial en la Embajada de Colombia en Estados Unidos, enfrenta la inminente obligación de abandonar Washington, D. C. tras una decisión directa de la Casa Blanca.
Fuentes federales confirmaron que el gobierno norteamericano liderado por el presidente Donald Trump notificó a Feria que el plazo para su salida vence el 2 de julio de 2025, fecha límite impuesta por las autoridades estadounidenses, de acuerdo con Semana.
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Luego de conocerse el futuro del coronel, la Red de Veedurías de Colombia solicitó a la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación retomar las investigaciones contra Feria por su implicación en el caso de Marelbys Meza, exniñera del hijo de la canciller Laura Sarabia que fue sometida a una prueba de polígrafo en la Casa de Nariño de manera irregular.
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“Fiscalía General de la Nación, Luz Adriana Camargo y a la Procuraduría General de la Nación deben reabrir investigaciones por la “muerte” -¿asesinato?- del coronel Oscar Dávila (2023) contra la actual canciller Laura Sarabia y contra el coronel Carlos Feria tras expulsión y ultimátum al polémico, agregado policial del coronel Oscar Feria - agregado militar expulsado de los Estados Unidos por su participación - interceptaciones y prueba de polígrafo irregular ….- en el caso de Marelbys Meza”.
Cabe recordar que la determinación surge casi un mes después que la congresista republicana María Elvira Salazar enviara una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, solicitando que se le negaran las credenciales diplomáticas a Feria y se le impidiera trabajar en la Embajada colombiana en Washington D. C.
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En la misiva, Salazar fue enfática: “El coronel Carlos Alberto Feria Buitrago no debe ser permitido para trabajar en la Embajada colombiana en Washington, D. C.; se le deben negar las credenciales diplomáticas y ser enviado de regreso a Colombia para que enfrente la justicia”. Esta petición se fundamenta en las investigaciones abiertas en Colombia contra Feria, que se encuentra vinculado al escándalo de interceptaciones ilegales y seguimientos a Marelbys Meza, exniñera del hijo de la actual canciller y entonces jefa de gabinete, Laura Sarabia.
La controversia en torno al coronel Carlos Feria

El nombramiento de Carlos Feria como agregado policial en la embajada fue interpretado por sectores críticos como un “premio” otorgado por el presidente Gustavo Petro, pese a la compleja situación judicial que enfrenta el oficial. La controversia se intensificó cuando se conoció que la Fiscalía había elaborado un documento de 27 páginas detallando las razones para insistir en la responsabilidad de Feria en los hechos investigados.
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El documento de la Fiscalía sostiene que Feria dio la orden de que Marelbys Meza se sometiera a una prueba de polígrafo. El objetivo de esta prueba era esclarecer el destino de una suma de dinero en efectivo que había sido hurtada del apartamento de Laura Sarabia. El texto señala: “Laura Sarabia le notificó a su empleada Marelbys Meza sobre la realización de la prueba de polígrafo para el día siguiente, al tiempo que, por disposición del coronel Feria, se transmitió la orden para el sometimiento de prueba de polígrafo y el relevo de varios funcionarios del esquema de seguridad”.
La Fiscalía profundizó en la acusación al afirmar que “el coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, indebidamente, permitió que sus subalternos usaran bienes del Estado que se habían confiado en razón a su cargo y funciones bajo la custodia de la dependencia que él dirigía para realizar la prueba poligráfica a Marelbys Meza”. Este señalamiento implica un uso irregular de recursos estatales y una posible extralimitación de funciones por parte del entonces jefe de seguridad.
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Según el documento, Feria no solo habría dado la orden para la prueba de polígrafo, sino que además “estuvo al frente y dispuso las acciones encaminadas a contactar al órgano investigativo para iniciar las indagaciones, como también ordenando el sometimiento a la prueba poligráfica”. Esta afirmación refuerza la hipótesis de que el coronel desempeñó un papel central en la cadena de decisiones que derivaron en la vulneración de derechos de la exempleada.
La situación jurídica de Carlos Feria se ha tornado cada vez más delicada. La Fiscalía manifestó su disposición a buscar una condena tanto para el coronel como para sus subalternos, bajo la premisa de que “todos sabían lo que hacían y respondían a las órdenes del jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro”. Esta hipótesis, calificada como simple, pero contundente por el ente acusador, apunta a una responsabilidad colectiva dentro del esquema de seguridad presidencial.
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