La bancada del Centro Democrático en la Cámara de Representantes anunció que no asistirá a la sesión plenaria convocada para subsanar los vicios de trámite detectados durante la aprobación de la Reforma Pensional.
El partido de oposición argumentó que persisten irregularidades en el procedimiento legislativo y sostuvo que su participación en estas condiciones implicaría avalar maniobras que, a su juicio, contravienen la Constitución y las leyes del país.
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El comunicado oficial de la colectividad reitera su rechazo a lo que considera prácticas irregulares impulsadas por el Gobierno nacional y por las mayorías legislativas.
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Según el partido, el proceso de subsanación ordenado por la Corte Constitucional evidencia, en lugar de corregir, una reiteración de los mismos vicios que motivaron la intervención judicial.
Los representantes del Centro Democrático expresaron que el anuncio del inicio del trámite de subsanación, realizado por el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, se llevó a cabo sin la existencia de quórum decisorio y sin agotar la votación del orden del día.
Para la bancada opositora, estas circunstancias configuran una actuación que vulnera procedimientos esenciales del proceso legislativo.
El comunicado indica: “No es admisible que, mediante maniobras irregulares, se impongan prácticas ilegales o inconstitucionales con el respaldo de las mayorías. Rechazamos que el poder legislativo se utilice para legitimar abusos de procedimiento al servicio de intereses políticos”.
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La colectividad aduce que cualquier intento de corregir los errores advertidos por la Corte Constitucional debe hacerse con estricto apego a la legalidad y con inclusión de todas las bancadas, incluidas las de oposición.
La Corte Constitucional, a través de un comunicado, confirmó la existencia de vicios sustanciales en el trámite de la Ley 2381 de 2024, con la que se busca adelantar la reforma al sistema pensional.
Según el fallo, el procedimiento para la aprobación de la norma desconoció principios fundamentales de la formación de las leyes en el orden constitucional colombiano.
La Corte ordenó a la Cámara de Representantes subsanar los vicios identificados, pero el Centro Democrático aseguró que, en lugar de corregirse, se están reiterando los mismos defectos de fondo que motivaron la sentencia.
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La bancada señaló que cualquier participación en este tipo de escenarios implicaría una “actuación prevaricadora”, pues consideran que el proceso continúa sin deliberación ni discusión real de la oposición, elemento que consideran imprescindible en la formación plural y democrática de la ley.
Uno de los puntos críticos, de acuerdo con el partido, radica en la notificación del auto de la Corte y la convocatoria a las sesiones, procedimiento que, según denuncian, se produjo en condiciones irregulares.
El partido argumentó que su decisión de no participar en las sesiones responde a razones de orden jurídico e institucional. Para el Centro Democrático, con la forma en que se adelanta el trámite de subsanación, el proceso se aparta de lo exigido por la Corte Constitucional y por la normatividad vigente.
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La colectividad advirtió que el desarrollo de la sesión sin presencia de la oposición restringe de manera sustancial los requisitos esenciales para la formación de la ley y limita la deliberación democrática en el Congreso.
También anticipa que la permanencia de estas irregularidades puede tener “duras consecuencias en el examen judicial que se adelante en el futuro”, abriendo la puerta para eventuales acciones de control judicial contra el desenlace de la reforma.
Mientras tanto, los representantes de organizaciones sociales y ciudadanía en general observan con atención el desarrollo del proceso y las eventuales consecuencias que podría acarrear la entrada en vigor de la reforma, tanto para el sistema pensional como para la estabilidad democrática del país.
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El retiro del Centro Democrático de las plenarias destinadas a enmendar el trámite de la reforma pensional confirma la persistencia de tensiones políticas y jurídicas en el Legislativo.
La situación puso en tela de juicio la viabilidad del proceso de subsanación ordenado por la Corte Constitucional y suma incertidumbre sobre el futuro de la reforma.
Por ese motivo, el desarrollo del trámite legislativo estaría sujeto a nuevos pronunciamientos judiciales y a un ambiente político marcado por la confrontación entre el Gobierno, las mayorías parlamentarias y sectores de oposición.
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