Los choques entre la EPS Sanitas y el Gobierno Petro, que llevaron a su intervención y que concluirían con la decisión de la Corte Constitucional

La decisión de la Corte Constitucional de suspender la intervención de la Superintendencia de Salud a la EPS Sanitas, que se hizo efectiva en abril de 2024, marca un nuevo episodio en la prolongada disputa entre la entidad y el Gobierno de Gustavo Petro.

Esta confrontación, que involucra a una de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) más grandes de Colombia, ha estado marcada por desacuerdos públicos, crisis financieras y tensiones políticas que han escalado desde el inicio del mandato presidencial.

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La relación entre la EPS Sanitas y el Gobierno Petro se ha caracterizado por una serie de desencuentros que se intensificaron durante el primer año de la administración.

Aunque los debates entre el gremio de las EPS y la entonces ministra de Salud, Carolina Corcho, fueron frecuentes, la situación alcanzó un nuevo nivel de complejidad en octubre de 2023.

En ese momento, surgieron dificultades en el acceso a medicamentos para los afiliados de Sanitas, lo que evidenció problemas estructurales en el sistema de salud y en la relación entre la EPS y el Estado.

El detonante de esta crisis fue la decisión de Cruz Verde, el gestor farmacéutico encargado de suministrar medicamentos a los pacientes de Sanitas, de suspender la entrega de fármacos debido a la falta de pagos.

Esta medida, adoptada en octubre de 2023, coincidió con la llegada de Guillermo Alfonso Jaramillo al Ministerio de Salud en mayo de ese año.

La tensión entre Sanitas y el Gobierno se agudizó, y la situación se convirtió en un tema central del debate público sobre la sostenibilidad del sistema de salud colombiano.

La EPS Sanitas, con 5,8 millones de afiliados, es la segunda aseguradora de salud más grande del país, solo superada por Nueva EPS.

Su tamaño y relevancia en el sistema la posicionaron en el centro de la discusión sobre la viabilidad financiera de las EPS y la capacidad del Estado para garantizar la prestación de servicios de salud a millones de colombianos.

Uno de los momentos más significativos de esta disputa ocurrió el 22 de agosto de 2023, cuando se hizo pública una carta enviada por los directivos de EPS Sanitas, Compensar y Sura al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

En la misiva, los líderes de las tres EPS advertían que los recursos asignados en el presupuesto general de la Nación resultaban insuficientes para cubrir las necesidades del sistema.

Señalaban que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de 2022 había sido insuficiente y que en 2023 no se había corregido el problema. Además, denunciaron deudas pendientes relacionadas con los llamados “presupuestos máximos”, fondos esenciales para costear medicamentos que no forman parte del Plan de Beneficios.

En la carta, firmada por Pablo Otero (gerente de EPS Sura), Juan Pablo Rueda (presidente de Sanitas) y Andrés Barragán (director de Salud Compensar), se advertía: “Si no se toman las medidas pertinentes, se hará cada vez más difícil continuar con la prestación de los servicios y vemos con seria dificultad avanzar con la operación después del mes de septiembre del presente año”.

Esta comunicación, que circuló ampliamente en medios de comunicación, generó una reacción inmediata del ministro Jaramillo.

Dos días después, en una rueda de prensa, Jaramillo desestimó la existencia de una crisis y afirmó que “no existe tal crisis, que las deudas de las que hablan las EPS ‘no aparecen’”.

Sostuvo que el Gobierno había cumplido con todos los compromisos financieros y se mostró dispuesto a dialogar, asegurando que las EPS no desaparecerían.

Este episodio coincidió con el inicio de las discusiones en el Congreso sobre la reforma a la salud, un proyecto que finalmente no prosperó.

El 31 de octubre de 2023, la tensión aumentó cuando Cruz Verde anunció la suspensión de la entrega de medicamentos no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) a los afiliados de Sanitas.

Ese mismo día, el ministro Jaramillo reiteró en rueda de prensa que el Gobierno había realizado todos los pagos a EPS Sanitas, tanto los correspondientes a la UPC como a los presupuestos máximos. En palabras del ministro: “Cumplen o cumplen, con Cruz Verde o con cualquier proveedor”.

Por su parte, Juan Pablo Rueda, entonces gerente de EPS Sanitas, reconoció que el Gobierno había cumplido con los pagos, pero explicó que la deuda con Cruz Verde, que alcanzaba los $400.000 millones, se había acumulado durante tres años y resultaba imposible saldarla en su totalidad.

Rueda argumentó que el costo mensual de suministrar medicamentos no PBS a los afiliados ascendía a $55.000 millones, mientras que el Gobierno solo reconocía $32.000 millones.

“Hemos hecho todo el esfuerzo para que el Gobierno entienda esas cifras”, afirmó Rueda, subrayando la magnitud del déficit financiero que enfrentaba la EPS.

En ese contexto, el 2 de octubre, Sanitas había solicitado implementar un plan de reorganización institucional. La EPS argumentó que factores como la recepción de usuarios provenientes de otras EPS liquidadas, la expansión a nuevos territorios y la insuficiencia de la UPC afectaban su estabilidad financiera y operativa.

El 20 de noviembre de 2023 se produjo otro episodio relevante. El ministro Jaramillo solicitó a la Contraloría levantar el velo corporativo de Sanitas, mientras hacía públicos los estados financieros de la EPS y destacaba que uno de sus principales accionistas era la empresa española Keralty S.A.S., con presencia en varios países.

Jaramillo expresó: “Nosotros necesitamos saber qué está sucediendo con esos dineros. En ese entramado que hay, necesitamos saber donde se está quedando el dinero. Ve uno que compran clínicas y cada día expanden más el negocio, y después dicen que no tienen dinero para cumplir con sus responsabilidades (en relación con Sanitas). Cuando las utilidades no son tan buenas para ellos, entonces reclaman que el dinero no es suficiente. Lo que queremos es saber todo eso”.

Ese mismo día, Juan Pablo Rueda manifestó su desacuerdo con la petición del ministro. Declaró: “No compartimos ni aceptamos varias de las conclusiones a las que han llegado en la rueda de prensa”.

Rueda sugirió que las conclusiones del Gobierno se debían a la falta de información suficiente o a una perspectiva de análisis inadecuada para la situación que enfrentaba la EPS. Además, señaló que Sanitas había intentado concertar una reunión con Jaramillo para dialogar y buscar soluciones, sin éxito hasta ese momento.

La intervención de la Superintendencia de Salud a EPS Sanitas en abril de 2024, posteriormente suspendida por la Corte Constitucional, representa el punto más reciente de una serie de enfrentamientos que pusieron en evidencia las dificultades estructurales del sistema de salud colombiano.

La disputa entre Sanitas y el Gobierno Petro ha girado en torno a la suficiencia de los recursos, la transparencia financiera y la capacidad de las EPS para cumplir con sus obligaciones frente a millones de usuarios.