Procuraduría abrió investigación disciplinaria por millonario contrato sobre imagen de Ricardo Roa

La Procuraduría General de la Nación abrió formalmente una investigación disciplinaria contra tres altos funcionarios de Ecopetrol S. A., por presuntas irregularidades en la contratación de la firma internacional Covington & Burling LLP.

El proceso involucra al director corporativo de Cumplimiento, Alberto José Vergara Monterrosa; al vicepresidente corporativo de Ciencia, Tecnología e Información, Luis Felipe Rivera García; y a Ludwig Wilson Mejía, funcionario de la Gerencia de Abastecimiento.

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La decisión fue adoptada por la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal, con base en las facultades previstas en los artículos 211 y 212 del Código General Disciplinario, reformado por la Ley 2094 de 2021. Según el auto, la investigación se enfoca en presuntas anomalías en la planeación, celebración y ejecución del contrato CW207382, suscrito con la firma Covington & Burling LLP, y el otrosí firmado el 31 de diciembre de 2024.

El contrato objeto de revisión supera los 5 millones de dólares y fue adjudicado en el marco de las vigencias presupuestales de 2024 y 2025. Según información recopilada por el despacho, la indagación se inició de oficio a partir de publicaciones realizadas por medios de comunicación, que alertaron sobre posibles inconsistencias en el proceso contractual.

Acumulación de procesos y traslado a la Fiscalía

El despacho decidió acumular a esta investigación el radicado proveniente de la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, al considerar que ambos procesos están relacionados con los mismos hechos y actores involucrados.

Además de la investigación disciplinaria, la Procuraduría decidió remitir el expediente a la Fiscalía General de la Nación, lo que indica que podrían existir elementos que configuren posibles faltas penales y no solo disciplinarias.

En el auto también se establece que los tres funcionarios investigados deberán ser notificados personalmente de esta decisión, aunque de no lograrse tal diligencia, se procederá por edicto, conforme al artículo 127 del Código General Disciplinario. Además, se les advierte sobre su derecho a designar defensor y a ejercer las facultades legales correspondientes, como lo contemplan los artículos 110 y 112 de la norma disciplinaria.

Cabe recordar que la Procuraduría ya había anunciado 29 de mayo la apertura de una indagación preliminar por presuntas irregularidades en la firma de un otrosí al contrato. Este documento complementario habría elevado el valor del contrato original de 875.000 dólares a 5,8 millones, sin contar con la autorización previa de la junta directiva ni del presidente de la compañía, Ricardo Roa.

El contrato, según se ha conocido, fue tramitado para obtener asesoría legal relacionada con los cuestionamientos e investigaciones que involucran directamente a Roa. No obstante, la ampliación de su monto ha provocado una crisis interna en Ecopetrol y desatado una fuerte controversia pública.

Alberto Vergara, director corporativo de Cumplimiento de Ecopetrol, es señalado como el funcionario que habría firmado el otrosí sin el respaldo formal requerido.

Por su parte, el presidente de la junta, Guillermo García Realpe, calificó la firma del otrosí como “grave y abusiva” y afirmó enW Radio que no autorizó la ampliación del contrato. Incluso, algunos miembros de la junta aseguran desconocer la existencia del contrato y del otrosí, por lo que están exigiendo un informe detallado para determinar si hubo suplantación de la máxima autoridad de la petrolera.

Una fuente cercana a la investigación indicó que “este tipo de contrataciones es manejado exclusivamente por la Dirección de Cumplimiento, en coordinación con el Comité de Auditoría de la Junta Directiva, y que, según el gobierno corporativo, Ricardo Roa no debería tener participación en esta contratación, ni conocimiento del objeto, monto, ni alcance del contrato”.

Por ahora, el futuro de Ecopetrol parece en vilo, con un proceso disciplinario y político que no solo pone en riesgo la presidencia de Ricardo Roa, sino que también abre un debate sobre la transparencia y las prácticas de contratación en la empresa estatal más importante del país.