El reciente nombramiento de Eduardo Montealegre como ministro de Justicia, cargo encomendado por el presidente Gustavo Petro, pende ahora de la decisión del Consejo de Estado, después de que recibiera en su despacho una demanda lo acusa de violar la cuota de género exigida en la ley colombiana.
La demanda que abrió el debate actual fue interpuesta por el ciudadano Juan Manuel López Molina, que cuestiona el nombramiento de Montealegre Lynett por estimar que vulnera la representación paritaria ordenada por ley.
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“El porcentaje de participación de las mujeres en los cargos de máximo nivel decisorio de los Ministerios del Sector Central del Orden Nacional es del 47,4 por ciento (9 de 19), mientras que el de los hombres es del 52,6 por ciento (10 de 19)”, señala la demanda.
La presunta irregularidad radica en la más reciente aprobación de la ley 2424, promulgada por el mismo presidente en septiembre de 2024, que obliga a que al menos el 50 por ciento de los cargos de máximo nivel decisorio sean ocupados por mujeres, un aumento respecto al 30 por ciento anterior.
Sin embargo, tras la salida de la ministra de Justicia Ángela María Buitrago y los recientes ajustes provocados por cambios internos y renovaciones en el Ejecutivo, la cuota femenina en el equipo ministerial quedó en nueve mujeres frente a diez hombres.
Actualmente ocupan ministerios: Laura Sarabia (Relaciones Exteriores), Lena Estrada (Minambiente), Martha Carvajalino (Minagricultura), Diana Morales (Mincomercio), Helga Rivas (Minvivienda), María Fernanda Rojas (Mintransporte), Yannai Kadamani (Mincultura), Patricia Duque (Mindeporte) y Yesenia Olaya (Minciencia).
Pese a que la administración del presidente Petro comenzó con nueve ministras dentro de un total de 18 carteras, antes de incluir la recientemente creada de la Igualdad, los cambios recientes redujeron la representación femenina al 47,4 por ciento, según los cálculos del Consejo de Estado, frente al 52,6 por ciento ocupado por hombres.
“Para cumplir con la cuota de género del 50 por ciento exigida por la Ley 581 de 2000, modificada por la Ley 2424 de 2024, se necesitaría que al menos 10 de los 19 cargos fueran ocupados por mujeres. Dado que actualmente solo 9 de los 19 cargos son ocupados por mujeres, existe un déficit de una mujer para cumplir con el mínimo legal requerido. Esto es irrazonable y desproporcionado a la luz de las normas superiores que rigen este tipo de actos de nombramiento”, complementa la denuncia.
La Ley 2424 de 2024 estipula en un parágrafo que la reglamentación de los cargos sujetos a la nueva cuota de representación femenina debía producirse en un plazo de seis meses desde la entrada en vigencia de la ley.
Pese a esto, López Molina sostiene que la exigibilidad de la cuota no depende de dicha reglamentación para ser aplicada, pues tanto la Constitución Política como la ley ya definen el concepto de “máximo nivel decisorio” y el carácter principal de los ministerios en el organigrama estatal.
“El Gobierno central no se toma los derechos fundamentales de las mujeres en serio. Desde el marco del Estado constitucional de derecho y aplicando el test de ponderación, es irrazonable y desproporcionado interpretar que la cuota de género no es exigible sin reglamentación previa, en especial tratándose de una ley estatutaria que desarrolla derechos fundamentales de aplicación inmediata, como la igualdad y la no discriminación”, señaló López Molina en la demanda, que fue asignada al despacho del magistrado Omar Joaquín Barreto.
De momento, el Gobierno y el propio ministro Montealegre podrán ejercer su defensa ante el Consejo de Estado, tribunal que en los últimos tres años ha revocado la designación de varios altos funcionarios del Ejecutivo debido al incumplimiento de la cuota de género, entre ellos Diego Molano, en el Ministerio de Defensa; Alberto Carrasquilla (en el Banco de la República) y Víctor Muñoz en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre)
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