Ministro de Defensa reveló que civiles vinculados al secuestro de 57 militares en Cauca fueron liberados: esta es la razón

En la mañana del miércoles 25 de junio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a los recientes hechos en el cañón del Micay, en los que fueron secuestrados 57 militares.

Asimismo, dijo que en El Plateado, en Argelia, Cauca, las disidencias de las Farc tenían listo un hostigamiento contra las Fuerzas Militares, instrumentalizando a la población civil.

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El funcionario señaló que, por el delito de secuestro, inicialmente fueron capturadas 35 personas, de las cuales 16 fueron vinculadas al proceso (trece adultos y tres menores de edad), pero fueron liberados por la Fiscalía porque no encontraron más elementos probatorios para presentarlos al juez y condenarlos por secuestro extorsivo

Sánchez dijo que hay dos elementos que fortalecen las investigaciones: los testimonios de los militares y los videos.

Además, el jefe de la cartera de Defensa y Seguridad señaló que el 21 de junio fue capturada una mujer que, con una granada, pretendía atacar a policías.

“El sábado pasado capturamos a una mujer en Bogotá. Ella tenía una granada para atacar a la población y a la policía. Eso tiene relación con el Cauca también. La seguridad de Bogotá, el atentado contra el senador Miguel Uribe, tiene orígenes en los cultivos del narcotráfico”, señaló.

Sánchez fue enfático en que la estrategia se seguridad del Estado se divide en acción militar y policial (30%) y acción unificada del Estado (70%), haciendo énfasis en las violencias estructurales que redundan en violencia armada.

Aprovechó para defender su gestión en el Gobierno y dijo que las cifras respaldan los argumentos del Ministerio de Defensa: “Si la comparamos con cifras del 2014 al 2018 o del 2018 al 2022, estamos levemente mejor. Pero eso no significa que no reconozcamos los atentados terroristas en el Cauca y la crisis en el Catatumbo”.

La amenaza sobre la que alertó el ministro a militares en el Cauca

El Ministerio de Defensa Nacional alertó sobre posibles planes de las disidencias de las Farc para utilizar a la población civil como escudo humano en el cañón del Micay, en el departamento del Cauca. La advertencia fue emitida por el ministro Pedro Arnulfo Sánchez a través de sus canales oficiales, luego de recibir información preliminar sobre movimientos inusuales en la región de El Plateado.

De acuerdo con el titular de la cartera de Defensa, se habría identificado una posible movilización forzada de habitantes del área, presuntamente orquestada por miembros de la estructura residual Carlos Patiño, uno de los principales actores armados ilegales que operan en esa zona del suroccidente colombiano. El supuesto objetivo de esta maniobra sería facilitar ataques contra unidades de la fuerza pública que se encuentran desplegadas en el territorio, incluso contemplando acciones como secuestros para forzar su repliegue.

El Ministerio recalcó que cualquier intento de coartar la labor de los militares y policías en ejercicio de sus funciones podría constituir graves delitos tipificados en la legislación nacional, como el ataque contra servidores públicos y el secuestro extorsivo. Ambos delitos conllevan penas de hasta cuatro décadas de prisión, según lo estipulado en el Código Penal.

El pronunciamiento oficial surge en un contexto de alta tensión en la región, donde recientemente se reportó el secuestro de más de medio centenar de uniformados por parte de grupos ilegales. Las autoridades consideran que estos hechos forman parte de una estrategia más amplia de intimidación y control territorial por parte de actores armados ilegales que rechazan la presencia del Estado en zonas con alta influencia del narcotráfico y otras economías ilícitas.

Ante esta situación, el Gobierno Nacional hizo un llamado a diversos actores sociales e institucionales, entre ellos la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica, organizaciones de cooperación internacional y las propias comunidades locales, para trabajar de manera coordinada en la protección de los derechos fundamentales y la promoción de un entorno de legalidad en el suroccidente del país.

El ministro Sánchez aseguró que la Fuerza Pública no se retirará de la zona y continuará cumpliendo su misión constitucional de proteger a la población civil. También reiteró el compromiso de las instituciones estatales con el respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, incluso en medio de situaciones de amenaza o provocación por parte de estructuras armadas ilegales.

Además del componente de seguridad, el Gobierno destacó la importancia de mantener el despliegue institucional en temas como salud, educación, infraestructura, acceso a tierras y programas de sustitución de cultivos ilícitos. Según el Ministerio, la consolidación de la presencia estatal integral es esencial para contrarrestar la influencia de los grupos armados y recuperar el control sobre zonas históricamente afectadas por el conflicto.