La Defensoría del Pueblo alista alerta temprana electoral por aumento de violencia en los territorios de cara a 2026

En un contexto marcado por el recrudecimiento de la violencia en diversos territorios del país, la Defensoría del Pueblo confirmó que expedirá una alerta temprana con miras al proceso electoral de 2026.

Así lo anunció la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, durante su intervención en el Encuentro Nacional de Personeros y Personeras, realizado en el Centro de Convenciones de la Universidad Católica de Colombia.

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El evento, convocado por la Personería de Bogotá y respaldado por la Federación Nacional de Personerías, reunió a garantes de derechos humanos de todas las regiones del país, quienes expresaron su preocupación por el deterioro de la seguridad y las amenazas crecientes contra su labor institucional.

“La expedición de una alerta que se basa en un índice de riesgo electoral va a establecer cuáles son los riesgos específicamente para el proceso electoral y cuáles son las recomendaciones para las autoridades para evitar que esos riesgos se concreten y podamos tener unas elecciones libres y en paz”, explicó Marín, señalando que el país enfrenta un panorama “de muchos retos” por la creciente violencia y la presencia de actores armados ilegales.

“Bueno, pues es un panorama que tiene muchos retos en este momento por la situación de violencia y de inseguridad generada por la criminalidad organizada, pero también por el conflicto armado. Entonces estamos trabajando de la mano de las autoridades para, a través del sistema de alertas tempranas, poder acompañar este proceso electoral y brindar garantías para todo el proceso”, agregó.

Violencia contra personeros: un llamado de atención

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la denuncia sobre la difícil situación de los personeros y personeras en los municipios más golpeados por el conflicto y la criminalidad. Muchos de ellos, indicaron, cumplen su función con recursos limitados y bajo condiciones de seguridad precarias.

“Nos une la función constitucional que tenemos de defender los derechos humanos en el territorio, pero nos une también el dolor que sufren los habitantes de cientos de municipios del país”, dijo Marín, al destacar la necesidad de fortalecer el papel de estos funcionarios como actores clave en la garantía de derechos.

“Quiero hacer referencia a algunos puntos con respecto al fortalecimiento de la labor de las personerías: fortalecer su capacidad institucional y presupuestal. La gran mayoría funcionan con uno o dos funcionarios, a pesar de tener más de 1.600 labores asignadas”, alertó la defensora.

Compromisos por unas elecciones en paz

Como parte de las medidas anunciadas, la Defensoría del Pueblo recordó que, con el apoyo de organismos nacionales e internacionales —como la Conferencia Episcopal, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA y la Misión de Verificación de la ONU—, se ha impulsado la firma de compromisos éticos y democráticos por parte de los partidos políticos y movimientos que participarán en el proceso electoral.

Estos compromisos incluyen:

• Defender la primacía de la vida, rechazando cualquier forma de violencia contra candidaturas adversarias.
• Adoptar una política de no violencia, incluida la prohibición de agresiones contra las mujeres en la política.
• Respetar las instituciones y el orden jurídico vigente.
• Defender la democracia y el pluralismo, con reconocimiento al valor de las ideas distintas.
• Promover el lenguaje constructivo, evitando la estigmatización, el racismo o la difamación en cualquier medio, incluidas redes sociales.
• Garantizar la difusión de información veraz y transparente, incluso en el ámbito digital.
• Acoger el diálogo como principio democrático para resolver controversias.
• Reconocer a la juventud como actor político esencial.
• Respetar y apoyar las manifestaciones pacíficas, como expresión legítima de participación.

Seguimiento y llamado a las instituciones

Para vigilar el cumplimiento de estos compromisos, la Defensoría del Pueblo, en alianza con la Misión de Observación Electoral (MOE), liderará un proceso de seguimiento y monitoreo en los niveles nacional y territorial. “Cuando se estime procedente, se harán llamados públicos y se emitirán recomendaciones”, informaron desde la entidad.

En este sentido, la defensora Iris Marín extendió una invitación directa a las más altas autoridades del país: “Invitamos a las más altas autoridades de las tres ramas del poder público a que, en el marco de sus competencias, suscriban estos compromisos para garantizar un proceso electoral libre y en paz”.

Además, se hizo un llamado a sectores sociales como la academia, los gremios y los medios de comunicación para que se unan a este pacto ciudadano por la democracia, contribuyendo a un ambiente electoral libre de violencia, desinformación y hostigamiento.