El Estado Mayor de los Bloques y Frente (Embf) de las disidencias de las Farc, liderado por Alexander Díaz, conocido como alias Calarcá, siguen generando presión a los comerciantes del departamento del Meta.
Según reveló El Tiempo, este grupo armado ilegal, por medio de panfletos intimidatorios, han obligado a los tenderos de la región a cerrar sus negocios o asistir a reuniones bajo amenaza, en una estrategia que busca consolidar el dominio de esta organización criminal en el oriente colombiano.
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En estos documentos, revelados por el citado medio de comunicación, las disidencias advierten sobre represalias a quienes no acaten sus órdenes, lo que ha generado un clima de temor e incertidumbre en la comunidad.
“Señores Comerciantes de Meseta Meta. Reciban un cordial saludo revolucionario de parte de la FARC-EP. Es para que se presente todo el comercio Cerrar los negocios y asistir el día 25-06-2025/ en el caserío de la Vereda la Estrella, Jurisdicción de la Julia, Meta, a las 10:00 p.m.”, se lee en una de las pancartas intimidantes.
Las amenazas no solo buscan el cierre temporal de establecimientos, sino la asistencia obligatoria a reuniones armadas, donde los líderes de la organización exponen sus condiciones y exigen lealtad.
De acuerdo con la investigación del medio citado, el frente Ever Castro del Bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias, estaría detrás de las intimidaciones a los vendedores de la región. Incluso, la facción ilegal establece medidas para mantener el control del territorio, bajo un manual denominado ‘Orientaciones para el buen vivir de las comunidades’.
En el documento mencionado por el diario nacional, exponen restricciones a la población como los horarios de los negocios, la venta de bebidas alcohólicas, el volumen moderado de la música, la comercialización de licor y cigarrillos a menores de 16 años, entre otros.
Otro de los aspectos mencionados en dicho manual es la obligatoriedad del trabajo comunitario, en donde todos los habitantes deben participar, al menos una vez al mes, en jornadas de embellecimiento del entorno.
“Quien incumpla, se expone a multas comunitarias dictadas por las asambleas”, se menciona en los panfletos intimidatorios citados por El Tiempo. La circulación de estos textos ha incrementado la sensación de vulnerabilidad entre los residentes, quienes temen represalias por cualquier acto considerado como desobediencia.
El manual también interviene en la vida privada de los habitantes, especialmente en lo relacionado con el ejercicio de la prostitución. En el documento, se establecen normas estrictas que deben cumplir las trabajadoras sexuales, quienes están obligadas a portar un carné médico con una vigencia máxima de cinco días.
La imposición de estas normas se realiza mediante la amenaza y el uso de la fuerza. Las sanciones, que van desde multas hasta castigos físicos, se aplican de manera ejemplarizante para disuadir cualquier intento de desobediencia. El régimen instaurado por las disidencias de las Farc en Meta no deja espacio para la autonomía individual ni para la participación democrática real, ya que todas las decisiones relevantes pasan por el filtro de la organización armada.
La situación en el Meta no es aislada, sino que forma parte de un fenómeno más amplio de reconfiguración de los grupos armados en Colombia.
Tras la firma del acuerdo de paz con las Farc, diversas facciones disidentes han retomado las armas y han buscado expandir su influencia en regiones estratégicas. El caso de las disidencias de ‘Calarcá’ ilustra cómo estos grupos han adaptado sus métodos, combinando la violencia con tácticas de control social para asegurar su permanencia.
Pese a que las autoridades locales y nacionales han sido alertadas sobre la gravedad de la situación, las comunidades señalan que la respuesta ha resultado insuficiente para frenar el avance de las disidencias. La población, mientras tanto, enfrenta el dilema de resistir o someterse a las exigencias de los grupos armados.
El control ejercido por la facción de alias Calarcá en Meta representa un desafío directo a la autoridad del Estado y a los derechos fundamentales de los habitantes, quienes ven restringidas sus libertades y sometidas sus vidas a un régimen de vigilancia y sanción permanente.
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