El 20 de junio de 2025, el abogado Julián Quintana, encargado de la defensa de las anteriores administraciones de Coosalud EPS, anunció que interpuso una querella contra el presidente de la República, Gustavo Petro, ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por declaraciones que consideró falsas y perjudiciales, relacionadas con supuestos giros de dinero a paraísos fiscales.
“Hemos denunciado al presidente Petro por haber salido de forma irresponsable a afirmar ante los medios de comunicación que Coosalud se estaba prestando para enviar dinero a paraísos fiscales, hecho que es totalmente falso. Hay pruebas verídicas que dan fe de que ese señalamiento está completamente distorsionado”, reveló a Blu Radio.
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El togado recalcó que tanto el banco encargado de administrar las cuentas maestras de la Entidad Promotora de Salud como la propia entidad, actualmente bajo intervención estatal, han certificado que no existen movimientos financieros hacia paraísos fiscales.
Incluso, la defensa de los anteriores administradores de Coosalud respondió con una serie de argumentos destinados a desmontar las acusaciones. Uno de los puntos principales fue la gestión de Jaime Miguel González Montaño, quien ocupó la presidencia de la EPS durante casi tres décadas y dejó el cargo en noviembre de 2024.
Luego de las declaraciones de Quintana, la EPS aseguró en un comunicado que no había tomado acciones legales en contra del jefe de Estado.
“Queremos enfatizar que Coosalud EPS no ha presentado ninguna denuncia en contra del presidente de la República. En ese sentido, las acciones legales o decisiones tomadas por la administración anterior de la entidad son iniciadas a título personal y no representan la postura, alcance o responsabilidad de la actual gerencia de la EPS”.
Y agregó: “Por el contrario, desde la intervención el pasado 22 de noviembre de 2024, Coosalud EPS ha puesto en conocimiento de todas las autoridades competentes las presuntas irregularidades que se han hallado relacionadas con la gestión de los recursos de la salud”.
La entidad administrada por el agente interventor Mauricio Camaro Fuentes también aseguró que están a la espera de que las autoridades determinen la responsabilidad o no de la anterior junta directiva en la pérdida de multimillonarios recursos destinados la salud de los colombianos.
El presunto lavado de activos y deudas en Coosalud
El superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, y la supersolidaria, María José Navarro, revelaron en una rueda de prensa los hallazgos más recientes sobre las intervenciones a la EPS, la quinta más grande de Colombia, y a su cooperativa. Durante el encuentro, Navarro advirtió: “Hay riesgo de posible lavado de activos de esta cooperativa”, una declaración que encendió las alarmas sobre la gestión y transparencia de los recursos en el sector salud.
La intervención a estas entidades puso bajo la lupa a tres actores principales: Coosalud Inversa, una empresa privada; EPS Coosalud, que opera principalmente en la región Caribe; y la Cooperativa Coosalud. Un elemento que une a estas organizaciones es la figura de Jaime González Montaño, quien se desempeñó como representante legal de las tres hasta noviembre de 2024. Esta coincidencia en la representación legal generó inquietudes sobre la independencia y la transparencia en la administración de los recursos y las operaciones entre las entidades.
Uno de los puntos más relevantes expuestos por Rubiano se remonta al 6 de diciembre, cuando se informó que la EPS Coosalud había actuado como garante en un crédito solicitado por Coosalud Inversa en diciembre de 2022. El monto del crédito ascendió a $221.000 millones, una cifra que refleja la magnitud de las operaciones financieras entre las entidades. Sin embargo, antes de la intervención de la EPS, se notificó un incumplimiento en los pagos, lo que llevó a que finalmente se embargaran $206.000 millones “con dineros públicos de la salud”, según palabras de Supersalud. Este hecho generó preocupación sobre el uso de fondos públicos y la exposición de recursos destinados a la salud a riesgos financieros derivados de operaciones privadas.
Rubiano también detalló otra operación significativa: “La EPS Coosalud otorgó un préstamo de $10.000 millones a Inversa S.A. para la adquisición de una vivienda. Posteriormente, la EPS pagaba mensualmente $1.000 millones a Inversa S.A. en concepto de arriendo por ese mismo inmueble”. Esta dinámica financiera, en la que una entidad de salud financia la compra de un bien y luego paga un alquiler elevado por su uso, suscitó interrogantes sobre la racionalidad y la legalidad de las decisiones administrativas.
El análisis de los recursos y los movimientos contables reveló que la fuente principal de los fondos era la EPS Coosalud. Según los débitos presentados por el contador de la entidad, la EPS acumuló una deuda total de $433.000 millones. Esta cifra, que representa una carga financiera considerable, pone en entredicho la sostenibilidad de la entidad y la gestión de los recursos públicos.
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