María Fernanda Cabal anunció que se opondrá a la Ley Integral Trans: “Todas las personas deben ser tratadas por igual”

En una carrera contrarreloj por la finalización del periodo legislativo, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate la Ley Integral Trans, también conocida como Ley Sara Millerey. El nombre corresponde a la mujer trans que fue asesinada en Bello (Antioquia) en abril de 2025.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el proyecto es de suma importancia para garantizar la protección de los derechos de la población trans en Colombia, que probablemente sufra la mayor discriminación y violencia en la sociedad.

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“Esta iniciativa propone el reconocimiento legal de la identidad de género, prohíbe la discriminación y establece acciones afirmativas en salud, educación, empleo, justicia y protección frente a violencias. Además, desarrolla el principio constitucional de igualdad material y da cumplimiento a estándares internacionales en derechos humanos”, detalló la Defensoría en su cuenta de X

Sin embargo, desde la oposición en el Congreso informaron que rechazarán la iniciativa. Así lo confirmó la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, basándose en el argumento de que la propuesta va en contra de un principio que establece una igualdad en el tratamiento de todos los ciudadanos.

Desde su perspectiva, la protección de los derechos de la población trans, que se centra en un contexto específico de violencia, es un “privilegio” que no debería tener.

“Nos opondremos a esta iniciativa que contradice el principio constitucional de que todas las personas deben ser tratadas por igual ante la ley, sin privilegios especiales por razones subjetivas como la autoidentificación de género”, aseveró en X.

De acuerdo con la congresista opositora, el proyecto está fundamentado en una narrativa que impone una “presunción generalizada de victimización y discriminación”. De esta manera, se estaría desconociendo el estudio de los casos individuales.

Adicionalmente, advirtió una presunta falta de estudios que evidencien de qué manera la iniciativa impactaría al país a nivel fiscal. “Este proyecto se basa en insumos producidos por organizaciones activistas, sin contar con una evaluación técnica independiente de impacto fiscal, jurídico y social que garantice una legislación equilibrada y sostenible”, precisó.

Contrario a lo expresado por Cabal, la Cámara de Representantes citó un informe que deja en evidencia la situación de violencia que sufre la población Lgbti+ en el país. Se trata de un documento de la Red Regional de Información sobre Violencias Lgbti+ en la región, que indica que Colombia encabezó la lista de países de la región con más asesinatos de esta población en los últimos años.

Y datos de la Defensoría del Pueblo muestras que la discriminación le ha costado la vida a cientos de mujeres trans en Colombia. Pues, en 2024 se registraron 882 casos de violencia por prejuicio; en 254 de ellos, las mujeres transgénero fueron las víctimas.

Además, según Slendy Matiz, mujer trans citada por el cuerpo colegiado, las personas trans sufren violencias distintas por su identidad y expresión de género en varios sectores, como por ejemplo, en el de la salud.

“A lo largo de la historia no hemos tenido garantías a la hora de recibir servicios médicos o de tener seguridad. Nos han perseguido sin justificación y nuestros derechos fueron vulnerados, pero creemos que de ahora en adelante todo cambiará”, detalló.

Además, de acuerdo con la congresista indígena wayuu Carmen Felisa Ramírez, del Pacto Histórico, miles integrantes de la población Lgbti+ en Colombia han tenido que salir del país debido a las agresiones de las que han sido víctimas por su orientación sexual. Esto, “llegando al punto de formar una gran ola migratoria invisible. Eso debe acabarse de raíz, y por eso esta iniciativa es fundamental”, precisó.