Revolución en la Universidad Nacional: arranca la constituyente que podría cambiar las reglas del juego

El jueves 19 de junio marcó un momento crucial para la Universidad Nacional de Colombia. En el auditorio León de Greiff, uno de los espacios más emblemáticos del campus de Bogotá, se dió inicio oficialmente al proceso de constituyente universitaria, una apuesta ambiciosa que busca reformar la estructura de gobierno de la institución. El acto estuvo liderado por Carolina Jiménez, vicerrectora de la Sede Bogotá, y Andrés Felipe Mora, vicerrector General.

No se trata solo de un evento simbólico. Es el punto de partida de un proceso que fue bandera de campaña del actual rector, Leopoldo Múnera, y que promete alterar profundamente la forma en que se toman las decisiones al interior de la universidad más grande del país. Su aprobación, respaldada por el Consejo Superior Universitario (CSU) en marzo, implica abrir un debate amplio y deliberativo sobre temas que durante años generaron tensiones internas, paros estudiantiles y fuertes divisiones.

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El proceso girará en torno a cinco grandes ejes temáticos: la composición y funciones de los cuerpos colegiados; la forma en que se eligen las autoridades académicas; los mecanismos de participación democrática; el fortalecimiento de la cultura política dentro del campus; y el papel de las organizaciones de base que representan a estudiantes, profesores y trabajadores.

Según explicó Múnera en distintos escenarios, la intención es clara, “redefinir la composición de los cuerpos colegiados, desde luego respetando las competencias que hay. Implica cambiar la forma de designación de las autoridades académicas como el rector, los decanos, los jefes de departamento”.

Esto implicaría también ampliar el margen de participación a estamentos históricamente subrepresentados, como egresados y trabajadores. La meta, en palabras de quienes promueven la reforma, es “crear una universidad mucho más democrática”, en la que la comunidad tenga una voz decisiva y no meramente consultiva.

Uno de los temas que genera mayor expectativa —y también polémica— es la posibilidad de que los estatutos sean modificados para hacer vinculante la consulta interna que realiza la universidad antes de elegir al rector. Hasta ahora, el CSU no está obligado a acatar los resultados de esa votación, que representa la voluntad de estudiantes, docentes y trabajadores.

Y es que históricamente, el CSU nunca había nombrado como rector a la persona con mayor votación en esa consulta interna. El caso más reciente y notorio fue el de Leopoldo Múnera, que fue elegido rector después de que se anulara la designación inicial de José Ismael Peña, en un proceso que aún sigue en disputa en el Consejo de Estado. Aunque el proyecto es bien recibido por sectores estudiantiles y profesorado, no todos están convencidos. Las voces críticas advierten sobre los riesgos de alterar el equilibrio institucional.

Uno de los límites estructurales de esta iniciativa es la imposibilidad de cambiar directamente la composición del Consejo Superior Universitario mediante una reforma estatutaria. Y es que el CSU está regulado por la Ley 30 de 1992, norma que rige todo el sistema de educación superior en Colombia.

Para modificar ese órgano, y dar mayor representatividad a estudiantes y profesores, sería necesario tramitar una reforma legal en el Congreso. Un desafío político complejo que excede las fronteras de la universidad y que pone a prueba la viabilidad de los cambios propuestos.

Mientras tanto, el proceso avanza con la realización de asambleas multiestamentarias en distintas sedes de la Nacional. Es allí donde se buscará construir colectivamente la propuesta que dé forma a la nueva estructura institucional. Aunque el camino no será fácil, lo cierto es que el debate está servido y, por primera vez en años, se abre una puerta para transformar desde adentro una de las universidades más importantes de América Latina.