Durante un debate de control político que se llevó el pasado viernes 13 de junio en el Concejo de la capital colombiana, la concejal del Partido Liberal Clara Lucía Sandoval denunció un preocupante déficit, tanto en el pie de fuerza de la Policía Metropolitana, como en los recursos que se les asigna desde el Gobierno Nacional.
La cabildante aseguró que esta inquietante situación también era consecuencia de la política de “paz total” del Gobierno Nacional ha provocado un deterioro grave de la seguridad en la capital, debilitando la capacidad de respuesta estatal y permitiendo la expansión de organizaciones criminales.
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Detalló que el presupuesto de inversión nacional para la Policía pasó de $483.000 millones en 2022 a $238.000 millones en 2025, lo que representa una disminución del 103%.
Esta reducción presupuestal ha dejado a la institución con equipos averiados, motos inservibles y un déficit de personal que compromete la seguridad ciudadana.
Según consignó El Espectador, Bogotá cuenta actualmente con 15.900 policías, cuando la cifra recomendada para la ciudad supera los 23.800 efectivos. Esto significa que la capital opera con apenas el 67% de su capacidad en materia de seguridad.
Además, la relación de policías por habitante ha caído de 280 por cada 100.000 ciudadanos en 2014 a solo 201 en 2025, muy por debajo del mínimo de 300 recomendado por la ONU.
“La Policía está sin recursos, sin personal y sin respaldo. El Gobierno ha abandonado su deber de garantizar la seguridad”, afirmó ante sus colegas de las demás bancadas.
Según datos de la Defensoría del Pueblo grupos como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC han ampliado su presencia de 600 municipios en 2022 a 896 en 2024, lo que incluye a la capital.
“Incluso las Farc tienen presencia en la ciudad. Esto no es una suposición, es una realidad que se siente en los barrios, en las extorsiones y el microtráfico”, sostuvo.
El tráfico de armas ilegales constituye otro de los problemas señalados porla concejal, ya que las incautaciones de armas en la ciudad aumentaron un 17% entre 2023 y 2024, con las localidades de Ciudad Bolívar y Kennedy concentrando el 30% de los casos.
“Las armas ilegales no nacen en Bogotá. Cruzan el país y llegan ante la total pasividad del Gobierno Nacional. Aquí hay una responsabilidad que no se puede seguir ocultando”, enfatizó.
El impacto de la inseguridad se refleja también en el aumento de delitos de alto impacto, como la extorsión, que afecta especialmente al comercio en varias localidades donde las más afectadas en 2024 fueron Kennedy, Mártires, Suba, Santa Fe y Engativá que concentraron el 53% de las denuncias por ese delito.
Para la concejala, tampoco existe claridad sobre los recursos invertidos ni una estrategia focalizada en la protección de los establecimientos comerciales y criticó la respuesta del Gobierno Nacional ante la propuesta del alcalde Carlos Fernando Galán de reincorporar a 2.000 policías en uso de buen retiro, sin armas y enfocados en tareas de convivencia.
“El gobierno ni hace, ni deja hacer. Y mientras tanto, la ciudad sigue desprotegida”, expresó.
En contraste, Sandoval reconoció los esfuerzos del Distrito en la construcción de una nueva cárcel distrital y en la implementación de políticas públicas para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas.
No obstante, insistió en que cualquier avance será insuficiente sin el respaldo efectivo del Gobierno Nacional. Propuso buscar cooperación internacional, redirigir recursos distritales, fortalecer alianzas interinstitucionales y promover el aporte voluntario del 10% adicional del impuesto predial, siempre que se generen resultados visibles.
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