Paloma Valencia anunció una moción de censura contra el ministro Eduardo Montealegre: “Está engañando”

La senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, anunció el jueves 12 de junio, que su bancada radicará una moción de censura en el Congreso contra el recién designado ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, al que acusó de tergiversar el orden constitucional para favorecer los intereses del presidente Gustavo Petro en su apuesta por una asamblea nacional constituyente.

“Está equivocado, está engañando al país Montealegre, que lo declaramos un tramposo y radicaremos hoy una moción de censura”, declaró Valencia ante medios de comunicación, en respuesta a las declaraciones del ministro sobre la viabilidad de convocar una constituyente sin pasar por el Congreso.

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Montealegre, que asumió recientemente la cartera de Justicia, afirmó, en entrevista con Blu Radio, que el Gobierno del presidente Petro prepara una propuesta para convocar una asamblea nacional constituyente, impulsada a través de mecanismos de participación ciudadana como consultas y referendos.

El jefe de cartera sostuvo que no se requiere necesariamente de un trámite legislativo tradicional, sino que puede activarse una iniciativa popular como lo prevé la Constitución.

La polémica propuesta para reformar la Constitución del 91

Según Montealegre, expresidente de la Corte Constitucional y figura influyente del ámbito jurídico, el actual ordenamiento constitucional presenta barreras que obstaculizan transformaciones sociales de fondo. “Yo creo que después de 30 años de experiencia, ya nos ha demostrado que hay instituciones en la Constitución del 91 que se están convirtiendo en un obstáculo para el cambio social y que necesitan un rediseño profundo”, explicó.

El ministro detalló que el proceso para convocar la Constituyente requeriría la recolección de firmas equivalentes al 20% del censo electoral, lo que implicaría el respaldo de aproximadamente ocho millones de ciudadanos. La iniciativa se enmarca en el interés del Ejecutivo por implementar reformas estructurales que, a su juicio, no encuentran viabilidad en el actual marco institucional.

Sin embargo, este planteamiento fue calificado por la senadora Valencia como un intento de manipular las normas constitucionales con fines políticos. “Es otra invención de Montealegre, que por supuesto siempre ha tenido mucha imaginación. Él fue el defensor de SaludCoop, el peor escándalo de corrupción que se ha presentado en la salud colombiana, y ese defensor de los corruptos es el defensor de Petro”, expresó la congresista.

“No hay posibilidad automática de convocar una constituyente”: Paloma Valencia

Valencia rechazó de manera enfática la interpretación jurídica propuesta por Montealegre sobre el artículo de la Constitución Política que regula los mecanismos de participación. Según la senadora, dicho artículo establece procedimientos que no pueden ser eludidos ni reinterpretados para legitimar la convocatoria de una asamblea constituyente desde las regiones.

“No es verdad que haya posibilidad automática de generar una constituyente. El artículo es absolutamente claro, habla de consultas y referendos en el origen departamental, municipal, y habla de otros orígenes hablando precisamente de los regionales o de las zonas de asociación de municipios o departamentos, pero en ningún caso habilita una constituyente”, precisó.

Las declaraciones de la senadora se registraron horas después de que el presidente Petro publicara en sus redes sociales una imagen de su firma en un decreto que convoca a una consulta popular, gesto que fue interpretado como una señal de avance hacia la convocatoria de una constituyente.

La publicación reavivó el debate nacional sobre la legalidad y conveniencia de esta vía, y generó alarma en sectores que advierten un riesgo de concentración de poder y alteración del orden institucional.

La moción de censura anunciada por Valencia constituye la primera gran ofensiva parlamentaria contra Montealegre desde su designación como ministro de Justicia. Aunque el trámite de la moción deberá cumplir con los procedimientos establecidos por la ley —incluida la citación del funcionario al Congreso para responder—, el gesto revela un endurecimiento de las tensiones entre el Legislativo y el Ejecutivo.