Anif propone “revisión obligatoria” a los dos años para evitar que la reforma laboral dispare el desempleo

El debate sobre la reforma laboral que avanza en el Congreso puso bajo la lupa los posibles efectos que tendría su aplicación, especialmente en sectores vulnerables del mercado laboral. Frente a este escenario, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) hizo un llamado a la cautela y propuso una hoja de ruta alternativa, evaluar los resultados de la reforma durante los dos primeros años de su implementación para ajustar a tiempo los aspectos que puedan generar impactos negativos en el empleo formal.

José Ignacio López, presidente de Anif, explicó que la propuesta no busca frenar el proceso legislativo, sino introducir un mecanismo de control que permita corregir el rumbo si las consecuencias superan los beneficios esperados. “Lo que hemos dicho como propuesta concreta es que hagamos bien lo que no se hizo en el 2002, y es tomemos un lapso de tiempo para evaluar los efectos de la reforma en diferentes sectores, en diferentes tipos de contratación”, señaló en un encuentro con medios de comunicación.

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Para López, el centro de la preocupación está en los efectos que la reforma podría tener sobre las pequeñas y microempresas, así como en sectores que operan con altos niveles de informalidad. El aumento de los costos laborales, consecuencia directa de los cambios propuestos, podría traducirse en una reducción de puestos de trabajo en los sectores más frágiles del mercado. “Este aumento de costos laborales lleva a unos riesgos de pérdida de empleo en dichos sectores y en dichas empresas”, advirtió.

Anif estimó que cerca de 140.000 empleos estarían en riesgo si la reforma se aprueba tal como está redactada actualmente. Aunque la cifra es una proyección, el análisis parte de un escenario en el que no se logren avances claros en términos de crecimiento económico. En ese sentido, López expresó su escepticismo frente al enfoque del Ejecutivo para dinamizar la economía. “Finalmente no fue muy clara la política de reactivación del Gobierno más allá del pacto por el crédito. Todavía estamos a tiempo de pensar nuevas políticas de reactivación que mitiguen esta preocupación que tenemos nosotros”, afirmó.

Los sectores más expuestos, según el análisis de Anif, son los de transporte y almacenamiento, servicios de comida, entretenimiento y comercio. Se trata de actividades que, por su naturaleza, requieren una alta flexibilidad en sus esquemas laborales. Incrementar los costos sin considerar estas dinámicas, argumenta López, puede empujar a muchas de estas empresas a optar por esquemas informales. “Todos esos sectores son sectores que muchas veces, por el tipo de operación que hacen, necesitan bastante flexibilidad y estos costos laborales podrían empujarlos a la informalidad”, señaló.

Más allá de los sectores específicos, Anif advierte sobre un impacto transversal, las micro y pequeñas empresas, independientemente del rubro en el que operen, podrían enfrentar serias dificultades para adaptarse a las nuevas reglas del juego. Por eso, celebran que desde el Senado se esté considerando la posibilidad de introducir tratamientos diferenciados para este tipo de empresas dentro del articulado de la reforma.

Pero, para el centro de estudios económicos, más allá de lo que se decida en el Congreso, el país debe asumir esta reforma como un proceso con capacidad de ajuste, no como un modelo inamovible. De ahí la insistencia en establecer un sistema de monitoreo y evaluación desde el momento en que entre en vigor.

“Si vemos que efectivamente se está materializando ese riesgo de pérdida de empleo formal, bien sea por informalidad o por desempleo, pues miremos cómo corregimos y mitigamos este tipo de riesgos que para nosotros están presentes con la reforma”, explicó López.