La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra Augusto Rodríguez Ballesteros, actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por presuntas irregularidades en la garantía de los esquemas de seguridad destinados a los integrantes del Centro Democrático.
Este proceso se oficializó mediante un documento emitido el 9 de junio de 2025, en el que se manifiesta preocupación sobre un posible incumplimiento de responsabilidades.
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La decisión llega tras denuncias relacionadas con la supuesta falta de medidas de protección adecuadas, particularmente tras el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, hecho que generó inquietudes sobre deficiencias en los protocolos de seguridad.
La investigación tiene su origen en una solicitud efectuada por el director nacional del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo, quien en 2023 pidió a la UNP reforzar los esquemas de seguridad de los líderes políticos de su colectividad.
Según explicó el partido, estas peticiones no habrían sido atendidas adecuadamente. El documento oficial señala que el objetivo es “verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si fue constitutiva de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes y verificar si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”.
La Procuraduría, a través de sus investigaciones preliminares, ordenó a la UNP la presentación de informes detallados dentro de un plazo de diez días.
Entre otros requerimientos, solicitó copias de todas las solicitudes realizadas por el Centro Democrático desde 2023, así como los documentos que respalden la trazabilidad de estas peticiones.
Este material permitirá determinar si las solicitudes del partido fueron debidamente tramitadas y cuál fue el alcance de las medidas adoptadas, incluyendo la implementación de enfoques diferenciales basados en los niveles de riesgo previamente evaluados por los protocolos de la entidad.
Además, el organismo de control indagará sobre “la articulación y coordinación” llevada a cabo por la UNP en el cumplimiento de sus objetivos.
El comunicado añade que las pruebas también buscarán esclarecer qué programas de protección se implementaron específicamente y si se cumplió con las disposiciones para salvaguardar “los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal de los protegidos”.
Todos estos puntos serán clave para determinar si hubo una omisión en el cumplimiento de las funciones por parte del director de la UNP o de la entidad que lidera.
En el caso relacionado con el atentado a Miguel Uribe Turbay, figura destacada del Centro Democrático, el partido señaló que este suceso pone de manifiesto la necesidad de incrementar la seriedad en las estrategias de protección. Desde la colectividad han insistido en que, tanto líderes sociales como figuras políticas, especialmente de la oposición, enfrentan riesgos considerables. Por ello, califican como urgente que la UNP actúe garantizando niveles adecuados de seguridad para quienes están expuestos.
El documento emitido por la Procuraduría también estipula que el señalado, Augusto Rodríguez Ballesteros, deberá ser notificado personalmente para que ejerza sus derechos procesales, tal como lo establece la Ley 1952 de 2019. Sin embargo, se aclara que esta decisión es únicamente de “mero trámite e impulso procesal” y, por lo tanto, no admite la presentación de recursos. En caso de que la notificación directa no sea posible, esta se realizará mediante edicto, de acuerdo con lo indicado en el Código General Disciplinario.
La UNP, como institución responsable de brindar protección a líderes sociales, políticos y otros sectores en riesgo, ha estado bajo escrutinio público en múltiples ocasiones por la efectividad de sus acciones y por denuncias sobre posibles irregularidades. Esta nueva investigación disciplinaria contra su máximo directivo se suma a otros llamados de atención que la entidad ha recibido en relación con su capacidad de operación y cumplimiento de mandatos legales.
El proceso, aún en etapa inicial, estará centrado en esclarecer las posibles fallas en la prestación del servicio de seguridad hacia los afiliados del Centro Democrático y, de confirmarse irregularidades, podría dar lugar a sanciones contra Rodríguez Ballesteros o la adopción de medidas correctivas que impacten a la entidad en su conjunto.
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