Tras las denuncias de Epa Colombia de que las internas de la cárcel de El Buen Pastor están pasando hambre, se conocieron las empresas que serían responsables de la alimentación

Las condiciones de alimentación en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá han generado una fuerte polémica tras denuncias de las internas sobre la calidad de los alimentos suministrados.

Según informó El Tiempo, varias reclusas, incluida la influencer Daneidy Barrera, conocida como “Epa Colombia”, han señalado que la comida está en estado de descomposición y que, incluso, han encontrado ratas muertas en las ollas.

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De acuerdo con el medio mencionado, el contrato para la alimentación de la cárcel El Buen Pastor y otras doce prisiones de la región central del país fue adjudicado por la Uspec a la Unión Temporal Servir Uspec.

Este convenio, firmado el 30 de abril de 2025, tiene un valor de 69.224 millones de pesos y estará vigente hasta el 31 de julio de 2026.

La unión temporal está conformada por tres empresas: Jesmar Hurtado y Compañía (socioa mayoritario con el 51 %), la Fundación para el Progreso Territorial e Industrias Alimenticias Enripan SAS.

Según el medio, estas empresas ya habían estado involucradas en contratos similares en años anteriores, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre un posible “carrusel de contratistas”.

Estas declaraciones han puesto nuevamente en el centro de atención a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), responsable de la contratación del servicio de alimentación en las prisiones del país.

En un video difundido por medios de comunicación, Barrera y otras internas denunciaron que llevan días sin recibir alimentos en condiciones adecuadas.

“Estas mujeres están muertas de hambre, llevamos días sin comer. Por favor, que nos ayuden”, expresó la creadora de contenido. Otra reclusa agregó que los alimentos, como el pollo y el pescado, están podridos.

Estas acusaciones han generado indignación y cuestionamientos sobre la gestión de los recursos destinados a la alimentación en los centros penitenciarios.

El contrato tiene como objetivo garantizar el suministro de desayuno, almuerzo, cena y refrigerios para las internas. Sin embargo, las denuncias recientes ponen en duda el cumplimiento de las especificaciones contractuales.

Según datos de la Uspec, la población objetivo del convenio en El Buen Pastor es de 1.895 reclusas, lo que representa el 74% de los 7.755 internos que deben ser atendidos en el grupo asignado a esta unión temporal.

El historial de la Unión Temporal Servir Uspec y sus integrantes ha sido objeto de escrutinio. En 2023, estas mismas empresas formaban parte de la UT Andino Colombiano, que enfrentó serios problemas en la Cárcel de Cómbita, donde se reportaron fallas en el suministro de alimentos que llevaron a una crisis penitenciaria.

En ese momento, las autoridades recibieron alertas sobre una posible fuga masiva debido a la falta de comida. Según el Uspec, los problemas en Cómbita se atribuyeron a daños en las calderas del penal, aunque se realizaron requerimientos oficiales para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

En respuesta a las denuncias recientes, el Uspec emitió un comunicado en el que aseguró que “no ha existido interrupción del servicio de alimentación”. Según la entidad, el operador ha garantizado la entrega de alimentos conforme a las especificaciones contractuales desde el inicio de la operación el 16 de mayo de 2025.

Además, señaló que la presencia de ratas y el estado de los alimentos se debieron a factores ambientales, como el aumento de lluvias y el desbordamiento del “Caño Negro”. Para abordar la situación, se contrató una empresa especializada en control de plagas y se implementaron medidas de mitigación, incluyendo mejoras en la infraestructura y la entrega de menaje adicional.

A pesar de estas declaraciones, las críticas hacia la Uspec y el sistema de contratación de alimentos en las cárceles no son nuevas.

Organizaciones como la Corporación Anticorrupción Internacional (Coraci) han señalado que los procesos de licitación suelen estar dominados por los mismos operadores, lo que limita la competencia y perpetúa problemas de calidad.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha calificado el servicio de alimentación en las prisiones como “inhumano” y ha instado a mejorar las condiciones.