El Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda presentada el 29 de mayo por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, en la que denuncia presuntos incumplimientos del Gobierno nacional en el sector salud.
La decisión involucra a los ministerios de Salud y Protección Social, Hacienda y Crédito Público, la Superintendencia Nacional de Salud, Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y las EPS intervenidas.
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De acuerdo con la demanda, la situación actual pone en crisis el sistema de salud y expone a millones de colombianos a riesgos graves, especialmente en Medellín, donde hospitales públicos y privados han visto reducido dramáticamente el flujo de recursos.
El mandatario local, que radicó la acción como autoridad sanitaria de la ciudad, señaló como causas principales de la situación las intervenciones del Gobierno nacional sobre varias EPS y el retraso en los giros de recursos para las IPS.
El alcalde reveló que los hospitales de Medellín apenas reciben el 6% de lo que se les debe por servicios prestados.
“Si su plan era hacer una reforma destruyendo el sistema, lo están logrando. Y por eso los hago directamente responsables. No me voy a quedar callado mientras otros juegan con la salud de la gente”, declaró al momento de presentar la acción popular.
En ese orden de ideas, la decisión del tribunal vincula al proceso a toda la red hospitalaria pública y privada de Medellín, así como a la Procuraduría General de la Nación, para que se pronuncie sobre los posibles incumplimientos.
“Vincular a la Procuraduría General de la Nación, para que dentro del marco de sus funciones como garante del interés general y de vigilancia, se pronuncie respecto a la responsabilidad de la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Salud de Salud y Protección Social, la Adres, la Superintendencia de Salud, y las EPS intervenidas que están siendo accionadas, y en caso de evidenciar incumplimiento en sus funciones, se sirva compulsar copias para que se inicien las investigaciones correspondientes”, detalló el documento.
Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) de la Red Pública de Servicios de Salud incluyen al Hospital General de Medellín, Metrosalud y la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín.
A estas se suman las IPS de la Red de Servicios de Salud que integran la Comisión de Salud: Clínica Universidad Pontificia Bolivariana, Cardio VID, del Prado SAS, Fundación Clínica Infantil Santa Ana, Promotora Médica Las Américas, Clínica Rosario Centro y Tesoro; Sociedad Médica Antioqueña SA Soma, Fundación Hospitalaria San Vicente de Paul, Instituto Colombiano del Dolor SAS, Hospital Pablo Tobón Uribe; IPS Sura Robledo, Industriales, Los Molinos 23, Hospital Alma Mater de Antioquia, Nueva Clínica Sagrado Corazón, Traumacentro SAS y Urgencias Las Vegas Sura.
También otorga al Gobierno nacional un plazo de cinco días hábiles para responder a la medida cautelar solicitada, que busca evitar “daños irreparables” ante el riesgo inminente para la vida y la salud de los ciudadanos.
“Con la admisión de la demanda, se abre la posibilidad de que cualquier ciudadano u organización se vincule al proceso, en defensa de su derecho fundamental a una salud digna. Clínicas y hospitales se han visto afectados por la falta de recursos girados desde el Gobierno Nacional, como es el caso del Hospital General, entidad a la que se le adeudan $128.000 millones, y a la red pública Metrosalud, $32.000 millones. Esta decisión judicial marca un hito en la defensa del sistema de salud”, detalló el comunicado de la Administración de Federico Gutiérrez.
Cabe señalar que diversas entidades y gremios de la salud, como Asosalud y Fedsalud, apoyaron la demanda presentada por el alcalde de Medellín contra el Estado ante la crisis del sistema de salud, según informó la secretaria de Salud de la ciudad, Natalia López.
Esta es la respuesta del Tribunal Administrativo de Antioquia:
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