Las empresas que comercializan Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Colombia están encendiendo las alarmas. Aunque el Gobierno nacional hizo un giro parcial de los subsidios pendientes, el saldo acumulado aún asciende a más de 40.000 millones de pesos, según cifras de la Asociación Gremial Colombiana de Comercializadores de Gas (Agremgas).
Desde Barranquilla, donde se celebró el Cuarto Summit Internacional de GLP, el tema fue una de las principales preocupaciones planteadas por el sector. En medio de un ambiente marcado por el llamado a la estabilidad financiera, las conversaciones giraron en torno a la necesidad urgente de soluciones estructurales y sostenibles. Sara Vélez, directora ejecutiva de Agremgas, explicó que si bien el pago más reciente les permitió recuperar algo de flujo de caja, el panorama sigue siendo incierto.
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“Se hizo un pago de subsidios el cual nos deja a nosotros con los saldos pagados hasta enero de 2025. Quiere decir que, en este momento, tenemos deudas de febrero, marzo, abril y mayo”, afirmó la dirigente gremial.
El Ministerio de Minas y Energía cumplió parcialmente con la deuda, y aunque ese gesto fue bien recibido por los distribuidores, no soluciona el problema de fondo. Vélez insistió en que la clave está en garantizar pagos periódicos y predecibles. “Aunque el pago reciente permite tener flujo de caja, se necesita periodicidad para no afectar la suficiencia financiera de las empresas”, señaló.
El escenario actual deja a las compañías distribuidoras en una situación frágil, especialmente en un sector donde buena parte de los usuarios reciben subsidios para poder acceder al servicio. Las demoras en el desembolso del dinero estatal generan cuellos de botella en la operación diaria.
De acuerdo con Agremgas, por cada mes que pasa sin que el Estado cumpla con los giros correspondientes, la deuda se incrementa en cerca de $9.000 millones, lo que representa una carga creciente para las compañías del sector. Este retraso no es menor, tiene efectos inmediatos sobre las finanzas de las empresas comercializadoras, que se ven obligadas a asumir con recursos propios la diferencia entre el costo real de prestar el servicio y lo que efectivamente reciben por parte del Gobierno en forma de subsidio
Actualmente, los subsidios del GLP están dirigidos a los hogares más vulnerables del país, los estratos 1 y 2, y comunidades indígenas en seis departamentos. “Nosotros no somos la excepción. Actualmente en GLP se brindan subsidios a los estratos 1, 2 y comunidades indígenas en seis departamentos del país”, explicó Vélez.
Para evitar que la deuda se convierta en una bola de nieve, el sector inició conversaciones con el Gobierno en busca de un mecanismo más claro y confiable. “Se vienen adelantando diálogos con el Gobierno para tratar de generar un esquema que permita un calendario de pagos”, dijo la directora de Agremgas.
El gremio insiste en que el funcionamiento regular de este tipo de subsidios no solo es esencial para las empresas, también para las familias que dependen del gas en sus hogares, especialmente en zonas rurales y apartadas donde el GLP es muchas veces la única fuente energética disponible.
Más allá de los números, la situación pone sobre la mesa la necesidad de garantizar la sostenibilidad de un servicio que cumple una función social clave. El GLP llega a poblaciones donde otras fuentes de energía son inaccesibles o demasiado costosas. Si las empresas no tienen liquidez, peligra la continuidad del servicio en regiones vulnerables. La falta de un cronograma confiable de pagos, sumada a la creciente deuda mensual, plantea un riesgo creciente que requiere decisiones ágiles por parte del Estado.
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