Petro ordenó prohibir el ingreso a Colombia de la fiscal de Guatemala y “a sus amigos mafiosos”

No cesa la controversia y crisis diplomática con Guatemala, luego de que al inicio de esta semana la Justicia de ese país expidiera órdenes de captura contra la fiscal General, Luz Adriana Camargo, y del embajador en el Vaticano, Iván Velásquez, por, supuestamente, favorecer a implicados en el entramado de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht cuando trabajaron con la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) guatemalteca.

Y es que hasta el propio Gobierno de la nación centroamericana rechazó la decisión y mediante un comunicado aseguraron que carecía de “sustento legal” y vulneraba “el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas”.

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Sobre la polémica también se refirió el presidente de la República, Gustavo Petro, que en el consejo de ministros que lideró en la noche del martes 3 de junio solicitó vetar el ingreso a Colombia de la fiscal General guatemalteca, María Consuelo Porras, quien estuvo detrás de la radicación de la acción judicial ante la Sala Tercera de Apelaciones.

“Tiene que expedir el acto administrativo, que creo que tengo que firmar, prohibiendo la entrada de la fiscal a Guatemala a Colombia y de sus amigos mafiosos, todos. No entran al país”, le solicitó a la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia.

El jefe de Estado aseguró que la alta funcionaria centroamericana ofendió a persona intachables como era el caso del exministro Velásquez y de la jefe del ente acusador.

“Se prohíbe su entrada por denostar de nuestra gente honesta y por burlarse de la dignidad nacional. Se le prohíbe la entrada aquí a Colombia”, reiteró.

Se debe recordar que la Cicig, bajo la dirección de Iván Velásquez Gómez entre 2014 y 2019, marcó un periodo significativo en la lucha contra la corrupción en Guatemala. Durante su liderazgo, la comisión desmanteló redes corruptas que afectaron a diversas esferas del país, llevando incluso a la declaración de Velásquez como persona ‘non grata’ por el presidente de la época, Jimmy Morales.

Una figura clave durante este periodo fue Luz Adriana Camargo, quien trabajó en la Cicig de 2014 a 2017. Ocupó el cargo de jefa del Departamento de Investigación y Litigio, contribuyendo a la creación de protocolos cruciales para investigaciones criminales y apoyando procesos judiciales notables, como el que involucró al exmandatario Otto Pérez Molina.

ONU respaldó a Camargo y a Velásquez

El convenio firmado entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno de Guatemala estipula que los exintegrantes de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), como Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo, gozan de inmunidad procesal aun después de finalizar su labor en ese organismo.

A pesar de esa protección, el Ministerio Público de Guatemala emitió órdenes de captura en su contra, hecho que ha provocado preocupación a nivel internacional y advertencias sobre posibles retrocesos en la lucha anticorrupción y el Estado de derecho. El secretario general de la ONU, António Guterres, demandó el respeto a dicha inmunidad y alertó sobre los riesgos de estas medidas judiciales.

El portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, aclaró que la inmunidad procesal de Velásquez y Camargo emana de sus funciones dentro de la Cicig y sigue vigente tras el cierre de la Comisión, según lo dispuesto en los acuerdos firmados. La Sala Tercera de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco ordenó la detención de ambos, acusándolos de supuestas irregularidades relacionadas con el caso Odebrecht.

Velásquez, exministro de Defensa de Colombia y actual embajador ante el Vaticano, y Camargo, fiscal general de Colombia, fueron señalados por presuntos delitos vinculados a este escándalo.

El fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche asegura que ambos habrían favorecido a la constructora Odebrecht, generando un perjuicio al Estado guatemalteco de más de 3.000 millones de quetzales (cerca de 400 millones de dólares).

Curruchiche, quien actualmente se encuentra sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por sospechas de corrupción, atribuye a Velásquez y Camargo los delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión.