En la mañana del martes 3 de junio de 2025, la Fiscalía General de la Nación confirmó que se le imputarán cargos al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por su posible participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd).
Así lo confirmó la fiscal del caso, María Cristina Patiño, en la que no descartó que el ente acusatorio solicite a la justicia que al exfuncionario se le ordene medida de aseguramiento en centro carcelario, tras ser acusado por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.
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Además, la funcionaria detalló que esta decisión obedece a las declaraciones de María Alejandra Benavides, exasesora del exjefe de cartera económica, que se acogió a un principio de oportunidad, figura jurídica que permite a los implicados colaborar con la justicia a cambio de beneficios procesales.
“La Fiscalía tuvo conocimiento de la actividad presuntamente delictiva del señor Bonilla a partir de un acercamiento que, en virtud de una negociación de principio de oportunidad, tuvimos con la señora María Alejandra Benavides Soto”, explicó la fiscal del caso en declaraciones a los medios de comunicación.
Adicionalmente, Patiño indicó que dicho principio de oportunidad “se va a radicar a finales de esta semana (5 o 6 de junio) y una vez, el juez de control de garantías, a quien corresponda decidir la legalidad de este principio de oportunidad, lo avale (...) vamos a proceder a solicitar la audiencia de formulación de imputación contra el exministro Bonilla por dos delitos que son tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos”.
Investigación contra Ricardo Bonilla
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, el exministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, había intervenido de manera irregular para favorecer intereses particulares en la adjudicación de contratos relacionados con la gestión de emergencias.
El ente acusatorio se fundamenta en la supuesta intervención del exministro para favorecer a seis congresistas de las comisiones de Crédito Público, a cambio de que estos emitieran conceptos favorables para la aprobación de créditos de alto valor para la Nación.
Los contratos en cuestión, conocidos como “cupos indicativos”, sumaban cerca de 92.000 millones de pesos colombianos y, aunque nunca se firmaron, estaban destinados a salir de la Ungrd para atender desastres, pero en realidad buscaban beneficiar a los congresistas cuyos votos resultaban decisivos.
El nombre de Ricardo Bonilla surgió en el proceso a partir de las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, al entregar información clave a la Fiscalía General de la Nación. Ante la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, López relató que Bonilla pactó con él la entrega de los convenios a los congresistas, con el objetivo de asegurar la aprobación de créditos urgentes para el país.
Por su parte, Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, sostuvo en sus declaraciones ante la justicia que, aunque estos convenios nunca llegaron a firmarse, el acuerdo estaba encaminado a que los recursos se canalizaran directamente a los legisladores.
Las investigaciones han identificado que los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar) figuraban como destinatarios de los contratos. Según Pinilla, en estos lugares se habrían reportado emergencias inexistentes para justificar la firma de los convenios. Tanto Pinilla como López se encuentran actualmente detenidos en una guarnición militar, debido a razones de seguridad, y han colaborado con la justicia aportando detalles sobre la presunta red de corrupción.
Los congresistas que habrían resultado beneficiados por estos convenios son Wadith Manzur y Liliana Bitar (Partido Conservador), Julián Peinado y Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), Karen Astrid Manrique (Circunscripciones de Paz) y Juan Diego Muñoz (Alianza Verde). Todos ellos han sido citados por la Corte Suprema de Justicia para rendir declaración sobre el caso.
A excepción de la senadora del partido Conservador, los demás legisladores optaron por ejercer su derecho a guardar silencio ante el alto tribunal.
Por ahora, la investigación sigue en curso y que se esperan nuevas revelaciones a medida que avancen las diligencias judiciales y se amplíe la información sobre la presunta participación de otros funcionarios y congresistas en la trama de corrupción.
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