El confinamiento de más de diez mil personas en el departamento de Guaviare ha generado una crisis humanitaria que, según la Defensoría del Pueblo, ya había sido advertida en la Alerta Temprana 001 de enero de 2025.
La situación se agravó desde el 26 de mayo, cuando la conocida “Trocha Ganadera”, que conecta cerca de sesenta veredas y es vital para la movilidad de la región, quedó bloqueada por enfrentamientos entre las disidencias de las antiguas Farc al mando de alias Iván Mordisco y alias Calarcá.
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Este bloqueo armado ha impedido la circulación de misiones médicas y ha provocado un desabastecimiento de alimentos y bienes esenciales, afectando a toda la población, incluidos estudiantes, docentes, niños, niñas y adolescentes.
De acuerdo con Caracol Radio, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento en el que subraya que el problema en la región “refleja la persistencia de las dinámicas de violencia y vulneración de derechos que hemos advertido en los últimos meses: hay personas desaparecidas, menores de edad reclutados y asesinados, y hoy más de 10.000 personas están confinadas”.
La entidad identificó como zonas más afectadas el corregimiento Charras Boquerón, Interveredal de San Francisco, Guacamayas, Cámbulos y otras veredas aledañas al municipio de San José del Guaviare.
La defensora Iris Marín recordó que en enero de este año se emitió la primera alerta temprana sobre la situación.
Según Marín, “La alerta 01 de 2025 presentó serios hechos de consumación de los riesgos advertidos en Guaviare. La situación es supremamente grave”, enfatizó en declaraciones recogidas por Caracol Radio.
La Defensoría reiteró que los hechos actuales confirman los riesgos advertidos previamente y que la violencia en la región no ha cesado.
La confrontación entre el Bloque Jorge Suárez Briceño, bajo el mando de alias Calarcá Córdoba, y el Bloque Amazonas, liderado por alias Iván Mordisco, ha puesto en riesgo la vida, integridad y libertad de miles de habitantes.
La Defensoría hizo un llamado urgente a estos grupos armados para que detengan de inmediato las acciones violentas.
“Hacemos un llamado urgente a las estructuras disidentes de las antiguas Farc, Bloque Jorge Suárez Briceño al mando de alias Calarcá Córdoba y Bloque Amazonas al mando de alias Iván Mordisco, para que cesen de inmediato las acciones que están poniendo en riesgo la vida, integridad y libertad de miles de habitantes”, solicitó la entidad.
Desde el 26 de mayo de 2025, la comunidad que habita y transita por la “Trocha Ganadera” ha sido víctima de confinamiento debido a la imposición de un bloqueo armado por parte de estas estructuras ilegales.
Según la Defensoría del Pueblo, esta situación ha impedido la circulación de misiones médicas y ha generado desabastecimiento de alimentos y bienes esenciales, afectando a toda la población, incluidos estudiantes, docentes, niños, niñas y adolescentes.
La presencia armada y las confrontaciones entre estos dos grupos continúan intensificándose, lo que incrementa el riesgo para la comunidad, que permanece incomunicada y expuesta a nuevas vulneraciones de sus derechos.
La Defensoría del Pueblo, en comunicación dirigida al Ministerio del Interior el 31 de mayo, solicitó la convocatoria inmediata de un Ciprat extraordinario con enfoque territorial y la instalación urgente de un Puesto de Mando Unificado por la Vida (Pmuv) en San José del Guaviare para coordinar acciones de respuesta humanitaria.
La entidad también pidió la activación de mecanismos humanitarios y de diálogo que permitan levantar el confinamiento y restablecer la libre circulación y el acceso a bienes básicos para las comunidades afectadas.
“La activación de mecanismos humanitarios y de diálogo que garanticen el levantamiento del confinamiento y el restablecimiento de la libre circulación y acceso a bienes básicos para las comunidades afectadas”, indicó la Defensoría, según recogió Caracol Radio.
Además, la Defensoría exigió la adopción de medidas de prevención efectivas para evitar la repetición de estos hechos y proteger a las personas defensoras de derechos humanos, líderes comunitarios, docentes y estudiantes.
El organismo reiteró su compromiso de acompañar a las comunidades y de seguir denunciando cualquier acto que vulnere sus derechos fundamentales. “Exigimos que se respete la vida y la dignidad de todas las personas afectadas por esta situación”, subrayó la Defensoría
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