Personería de Bogotá pidió que el paro nacional no se asemeje a las protestas de 2019 y 2021

De cara a las movilizaciones convocadas por el Gobierno nacional para el 28 y 29 de mayo en respaldo a una segunda presentación de la consulta popular, la Personería de Bogotá advirtió sobre la necesidad de preservar el derecho fundamental a la protesta pacífica, recordando las graves consecuencias del estallido social de 2019 y 2021.

“Las cifras de víctimas de ese período son una herida abierta en la sociedad”, afirmó el personero capitalino, Andrés Castro, al advertir que las nuevas protestas no pueden convertirse en una reedición de aquellas jornadas que dejaron marcados a cientos de ciudadanos y generaron un profundo impacto en la vida política y social del país. Por ello, el funcionario hizo un llamado a los participantes —organizaciones sociales, partidos políticos y líderes— a actuar con responsabilidad y conciencia en esta coyuntura.

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El personero Andrés Castro recalcó que tanto quienes decidan marchar como quienes opten por no hacerlo tienen derechos que deben ser respetados por igual. “Hacemos un llamado para que se respete el derecho fundamental a la protesta. Tanto para quienes decidan salir a manifestarse como para quienes tomen la decisión de no hacerlo. Esto es un tema de respeto, de tolerancia”, manifestó.

En esa línea, la Personería solicitó a la Alcaldía de Bogotá y al Gobierno Nacional comunicar con antelación las medidas que adoptarán para garantizar el desarrollo ordenado de las marchas. Entre las principales recomendaciones, se incluye la obligación de velar porque no se vulneren los derechos de otros ciudadanos ni se afecte la propiedad privada o pública durante los recorridos o concentraciones autorizadas.

El organismo distrital reiteró que acompañará estas jornadas con todas sus capacidades institucionales, con el fin de monitorear que se cumplan los principios de legalidad, proporcionalidad y respeto en el manejo de las manifestaciones.

Finalmente, las autoridades dejaron en claro que el llamado es a la convivencia pacífica y al respeto mutuo, evitando escenarios que puedan escalar en confrontaciones o generar afectaciones mayores.

De hecho, la Personería enfatizó en que la protesta es un derecho legítimo en una democracia, pero que debe ejercerse de manera pacífica y respetuosa, especialmente en un contexto en el que el país aún se recupera de los traumas del pasado reciente.

“La #PersoneríaDeBogotá invita a todos los personeros y personeras municipales del país a activar sus capacidades para actuar preventivamente, de manera que este 28 y 29 de mayo se garanticen movilizaciones ciudadanas que sigan el cauce constitucional y democrático. Y convoca a los organizadores a actuar con responsabilidad en medio de la coyuntura. Desde el Ministerio Público se insiste en el diálogo, antes que la fuerza y en la razón, antes que la violencia”, explicaron desde la Personería a través de redes sociales.

Cómo fueron las marchas del 2019 y del 2021

Las protestas de 2019-2020 fueron impulsadas por sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales que rechazaban propuestas como la reforma laboral y pensional, así como el incumplimiento de acuerdos previos en materia educativa.

Durante estas jornadas, se registraron multitudinarias marchas, cacerolazos y bloqueos en varias ciudades del país. Sin embargo, también se presentaron enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública, lo que resultó en denuncias de uso excesivo de la fuerza y violaciones a los derechos humanos. Un caso emblemático fue el de Dilan Cruz, un joven que falleció tras ser impactado por un proyectil disparado por la fuerza pública en Bogotá.

En 2021, una nueva ola de protestas sacudió al país, inicialmente motivada por la propuesta de una reforma tributaria presentada por el gobierno del presidente Iván Duque.

Estas manifestaciones, que comenzaron el 28 de abril, rápidamente evolucionaron para incluir reclamos relacionados con la desigualdad social, la pobreza exacerbada por la pandemia de COVID-19 y denuncias de brutalidad policial.

A pesar del retiro de la reforma y la renuncia del ministro de Hacienda, las protestas continuaron, evidenciando un profundo malestar social. Organizaciones de derechos humanos reportaron múltiples casos de violencia, incluyendo muertes, desapariciones y agresiones sexuales.