Un reducido grupo de altos funcionarios de Ecopetrol tenía conocimiento de la denominada ‘Operación Casita’, un proceso que involucra a la firma de abogados estadounidense Covington & Burling LLP y que está relacionado con investigaciones sobre el presidente de la petrolera, Ricardo Roa Barragán.
Esta operación fue diseñada para abordar inquietudes sobre políticas internas, procesos y posibles repercusiones legales en Estados Unidos, donde la compañía cotiza en bolsa.
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En las últimas 72 horas, varios directivos de la empresa han solicitado explicaciones oficiales sobre las revelaciones publicadas por el medio.
El contrato con Covington & Burling LLP, firmado inicialmente el 29 de agosto de 2024, tenía como objetivo asesorar a la junta directiva de Ecopetrol en la revisión de políticas y en discusiones con autoridades estadounidenses.
Sin embargo, un documento adicional firmado el 31 de diciembre de 2024, conocido como “otrosí”, amplió significativamente el alcance y el costo del contrato, pasando de 875.000 dólares a 5.875.000 dólares.
Según El Tiempo, este aumento generó controversia dentro de la empresa, ya que algunos miembros de la junta aseguran no haber aprobado esta modificación, mientras que otros afirman que sí fue autorizada.
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Entre las preocupaciones que motivaron la contratación de la firma estadounidense se encuentran las investigaciones relacionadas con la campaña presidencial de Gustavo Petro para el periodo 2022-2026, en la que Roa fue gerente, por presunta violación de topes de financiación.
Además, se han señalado posibles irregularidades en la compra de un apartamento de lujo al empresario Serafino Iácono y en los negocios de Ecopetrol con una empresa vinculada al fallecido empresario William Vélez, quien fue jefe de Roa en Honduras y socio de su pareja, Julián Caicedo Cano.
El contrato con Covington & Burling LLP también incluyó actividades como la revisión de dispositivos electrónicos de algunos ejecutivos, lo que generó tensiones internas.
Según una fuente citada por El Tiempo, en marzo de 2025 se ordenó la suspensión del contrato debido a estas “extralimitaciones”. A pesar de ello, el documento del “otrosí” señala que la junta directiva aprobó las modificaciones al contrato para abordar riesgos reputacionales derivados de las alegaciones publicadas en medios de comunicación.
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El contenido de correos electrónicos confidenciales, al que tuvo acceso el medio mencionado, revela detalles sobre la documentación entregada a la firma de abogados y las solicitudes de información dirigidas a Roa.
En uno de los mensajes, se menciona una reunión programada con el presidente de Ecopetrol para discutir temas relacionados con la compra y remodelación de su apartamento en Bogotá.
Otro correo detalla las deliberaciones de la junta directiva sobre la necesidad de realizar una investigación independiente y confidencial, destacando la importancia de una comunicación proactiva con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para gestionar adecuadamente la situación y evitar posibles sanciones.
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Inicialmente, la junta había considerado contratar a la firma Miller & Chevallier, pero finalmente optó por Covington & Burling LLP.
Según los correos, se esperaba que esta estrategia fortaleciera la posición de la junta frente a la SEC y demostrara que la compañía estaba manejando de manera adecuada las denuncias.
Sin embargo, la situación actual parece estar marcada por confusión y desacuerdos internos sobre quién aprobó el aumento del contrato y las medidas adoptadas, como la retención de información clasificada y la revisión de dispositivos electrónicos.
El contrato, que inicialmente tenía un plazo de cinco meses, fue extendido a 16 meses en el “otrosí”.
No obstante, todo indica que actualmente se encuentra suspendido. Mientras tanto, las investigaciones continúan, y la junta directiva de Ecopetrol enfrenta cuestionamientos sobre la transparencia y la gestión de los riesgos reputacionales que afectan a la compañía.
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