
La Corte Suprema de Justicia rechazó nuevamente la solicitud de libertad presentada por el excongresista Álvaro “el Gordo” García, condenado por su participación en la masacre de Macayepo, y ha ordenado investigar disciplinariamente a sus abogados defensores.
Según informó el alto tribunal, la defensa de García habría incurrido en maniobras dilatorias que han obstaculizado el desarrollo del proceso judicial, lo que motivó la decisión de compulsar copias disciplinarias contra los abogados Santiago Aguirre Ossa y Luis Felipe Aguirre Vásquez.
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De acuerdo con la Corte, las acciones de la defensa técnica de García han incluido la presentación de múltiples peticiones y recursos infundados, lo que ha impedido la culminación de la audiencia pública dentro del caso.
En el fallo, el tribunal señaló que estas tácticas dilatorias han sido determinantes para negar la solicitud de libertad por vencimiento de términos, argumentando que el tiempo transcurrido no puede ser contabilizado a favor del procesado debido a estas acciones.
El excongresista, quien enfrenta una condena por delitos relacionados con desplazamiento forzado en el contexto de la masacre de Macayepo, ha intentado en repetidas ocasiones obtener su libertad.
Según consignó la Corte Suprema, desde hace varios meses la Sala de Primera Instancia ha rechazado solicitudes similares, argumentando que no se han cumplido las condiciones legales para concederle este beneficio.

El documento judicial detalla que las dilaciones comenzaron el 27 de febrero, cuando la Sala negó una solicitud de libertad provisional presentada por la defensa de García.
Posteriormente, esta decisión fue objeto de un recurso de reposición que se resolvió casi un mes después, prolongando el proceso.
La Corte determinó que este tiempo es atribuible al procesado y no puede ser considerado como un vencimiento de términos.
Además, el fallo subraya que estas no han sido las únicas acciones dilatorias por parte de la defensa.
Según el tribunal, las estrategias empleadas han buscado prolongar el tiempo sin que se pueda tomar una decisión de fondo en el caso.
Por esta razón, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial será la encargada de investigar las actuaciones de los abogados que representan a García.
La masacre de Macayepo, uno de los capítulos más trágicos en los años 2000
La masacre de Macayepo, por la cual García fue condenado, es uno de los episodios más trágicos de la violencia en Colombia.
Este hecho, ocurrido el 14 de octubre del año 2000, dejó al menos 15 campesinos asesinados y provocó el desplazamiento forzado de unas 200 familias en la región de los Montes de María, en el municipio de Carmen de Bolívar.

Durante el ataque, un grupo de 80 paramilitares del Bloque Montes de María, liderados por Rodrigo Pelufo, alias Cadena, perpetró los asesinatos utilizando piedras y garrotes.
Según la Corte Suprema, esta masacre fue parte de una estrategia de los paramilitares para consolidar su control en la región.
El origen de este crimen se remonta a una conversación entre el ganadero Joaquín García, conocido por financiar grupos paramilitares, y el entonces senador Álvaro García.
En dicha conversación, Joaquín García solicitó apoyo para recuperar unos animales robados y facilitar la entrada de los paramilitares a los corregimientos vecinos de El Aguacate y Pajonalito, cercanos a Macayepo.
La Corte Suprema condenó a Álvaro García a 40 años de prisión, señalándolo como autor intelectual de la masacre, además de otros delitos relacionados con su colaboración con grupos armados ilegales.
La región de los Montes de María, donde se encuentra Macayepo, ha sido históricamente un territorio estratégico para el narcotráfico debido a su ubicación, que conecta el sur de Bolívar con el mar.

Este corredor fue disputado por diversos grupos armados ilegales, incluidos los paramilitares y los frentes 35 y 37 de las FARC, liderados por alias Martín Caballero.
Según la Corte Suprema, la masacre de Macayepo formó parte de una serie de actos violentos emprendidos por los paramilitares desde 1989 con el objetivo de arrebatar el control de la zona a las guerrillas y consolidar su dominio.
La participación de García en estos crímenes lo llevó a ser condenado por su responsabilidad en los hechos, que fueron perpetrados por grupos paramilitares.
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