Muchos analistas especularon sobre el paradero de Carlos Ramón González días antes de la citación para una audiencia de imputación de cargos por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) había salido del país y no se conocía su ubicación.
Aunque en los mentideros políticos y judiciales había expectativas sobre si se iba a presentar o no, González reapareció en la audiencia de imputación de cargos por el escándalo de corrupción de la Ungrd, presentándose de forma virtual.
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La audiencia de imputación de cargos comenzó puntualmente, pero Carlos Ramón González no se había conectado al inicio. Después de unos minutos, apareció en la sesión, encendió su cámara y dijo: “Honorable magistrado, muy buenos días, buenos días para todos. Tenía problemas de entrada”.
Y es que, el exdirector, que abandonó el país hace varias semanas, fue formalmente incluido en un proceso judicial por su posible implicación en los delitos de cohecho, peculado en favor de terceros y lavado de activos.
De hecho días atrás la revista Semana informó que Carlos Ramón González habría contado con “protección” por parte de un Gobierno extranjero. De hecho, medios habían informado que recientemente el exfuncionario habría solicitado asilo político en Costa Rica.
Y es que, en los meses recientes, el nombre de Carlos Ramón González ha surgido en múltiples ocasiones durante las audiencias de imputación de cargos contra exdirectivos de la Ungrd, exfuncionarios del Gobierno de Gustavo Petro, así como empresarios y particulares.
Carlos Ramón enfrenta acusaciones por supuesto uso indebido de su posición para perjudicar los recursos públicos. Según la investigación, habría instruido a sus subordinados a realizar acciones ilegales con el fin de conseguir respaldo político en el Congreso a través de pagos ilícitos. El caso indica que habría organizado un esquema con funciones definidas para cada participante, distribuidas según su rango dentro de la estructura.
En cuanto a la audiencia está siendo dirigida por el magistrado Leonel Rogeles Moreno, quien comenzó a evaluar las pruebas presentadas por Gabriel Sandoval, fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema.
El fiscal Gabriel Sandoval inició la exposición detallando los tres cargos que se le imputan al exfuncionario, comenzando por el cohecho por dar u ofrecer.
Durante su intervención, explicó que, a mediados de 2023, desde su oficina en el Dapre, González supuestamente instruyó “entregar a Iván Name y Andrés Calle contratos de la UNGRD por valor de 60.000 millones de pesos para el primero, y 10.000 para el segundo, que previamente le habían ofrecido a estos con el propósito de que los mencionados legisladores brindaran un apoyo en los proyectos de ley del Gobierno que cursaban en el Legislativo”.
No obstante, según lo ha señalado previamente la Fiscalía, los congresistas tenían urgencia por obtener esos recursos, y por ello el exjefe del Dapre habría solicitado a López gestionar en efectivo 4.000 millones de pesos. “Con el fin de materializar el ofrecimiento ilícito, organizado por usted, señor Carlos Ramón, se acordó entonces con el director López que este se reuniera con Name y Calle, lo cual ocurrió”, según explicó el fiscal.
Por otro lado, Iván Cancino, representante legal de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), afirmó días atrás en una entrevista en la emisora La FM que su cliente rechazará las imputaciones presentadas por la Fiscalía. “No va a aceptar cargos, no va a colaborar porque no tiene nada que decir de nadie porque no ha cometido delitos”, declaró Cancino.
De hecho, en el desarrollo de la audiencia eso terminó pasando, pues Carlos Ramón González no aceptó la imputación en su contra por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, lavado de activos y peculado por apropiación. “Todos son calumnias sin fundamento”, afirmó.
Por otro lado, poco después de que González no aceptara los cargos en su contra la audiencia contra el exfuncionario del Gobierno de Gustavo Petro fue suspendida debido a una calamidad familiar que afectó a uno de los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. El magistrado reprogramó la diligencia para el próximo 6 de junio.
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