Así fue la interceptación telefónica que destapó red de tráfico de armas liderada por policías: vendían armamento del Estado a bandas criminales

Una interceptación telefónica fue clave para que las autoridades capturaran a cinco personas señaladas de integrar una red de tráfico ilegal de armas en Bogotá y Cundinamarca.

En el audio, uno de los integrantes de la organización negociaba la compra de munición con un presunto uniformado del Comando de Operaciones Especiales (Copes) de la Policía Nacional, de acuerdo con información de El Tiempo.

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“Parcero, no, ahorita no le están bajando de 400 una caja”, se escucha decir a uno de los involucrados, al referirse al precio de una caja de munición calibre 9 milímetros, la cual afirma que le fue comprada a un uniformado del Copes.

Finalmente, acordaron un pago de 280 mil pesos por unidad, en una transacción que puso en evidencia cómo parte del armamento era obtenido directamente de miembros activos o retirados de las Fuerzas Armadas.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, los detenidos, entre los que se encuentran miembros activos y retirados de las fuerzas armadas y un comerciante, utilizaban sus posiciones para acceder a armamento, modificarlo y venderlo clandestinamente a particulares, organizaciones y empresas de seguridad privada.

De acuerdo con la entidad, esta red se dedicaba a extraer ilegalmente armas y cartuchos de instalaciones militares, alterar su registro y comercializarlos en la clandestinidad.

El supuesto cabecilla es Jorge Alexander Pineda Ramírez, y entre los capturados figuran también miembros activos y retirados de la Policía y el Ejército, así como un comerciante de artículos militares.

Entre los capturados se encuentran Jorge Alexander Pineda Ramírez, señalado como líder de la organización; el subcomisario Jehicinio Ciro Cardona y el intendente jefe Fabián Adrián Cuestas Beltrán, ambos pertenecientes a la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional de Colombia (Dipro); el sargento retirado del Ejército Nacional Carlos Felipe Rincón Veleta, quien trabajó como armero en unidades militares; y Jorge Armando Torres Reyes, propietario de un almacén de artículos militares.

De acuerdo con la Fiscalía, estas personas extraían ilegalmente armas y municiones de instalaciones militares, alteraban sus registros y las comercializaban en el mercado negro.

En los operativos de allanamiento, realizados de forma simultánea en Bogotá y Zipaquirá, las autoridades incautaron un arsenal compuesto por 20 pistolas y revólveres, un rifle de alta precisión, una escopeta, dos mini uzi, un fusil, 51 proveedores, 3.460 cartuchos y más de 150 millones de pesos en efectivo.

Durante los allanamientos realizados en Bogotá y Zipaquirá, las autoridades incautaron un arsenal que incluía 20 revólveres y pistolas, un rifle de alta precisión, una escopeta, dos mini uzi, un fusil, 51 proveedores, 33 cajas de munición y 3.460 cartuchos.

Además, se encontraron cinco teléfonos móviles, 152 millones de pesos colombianos y 1.105 dólares estadounidenses en efectivo. Según detalló la Fiscalía, parte de este armamento estaba almacenado en la vivienda de uno de los capturados.

Los capturados fueron imputados por concierto para delinquir y tráfico de armas. Dos de ellos permanecerán en reclusión militar, mientras que los demás fueron cobijados con detención domiciliaria. El caso reveló un preocupante patrón de corrupción interna en las fuerzas de seguridad colombianas.

En las audiencias preliminares, un juez de control de garantías imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Adicionalmente, al subcomisario Jehicinio Ciro Cardona se le atribuyó el cargo de utilización ilegal de uniformes e insignias, mientras que a Carlos Felipe Rincón Veleta se le imputó el delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

Tres de los imputados recibieron detención domiciliaria, mientras que Rincón Veleta y Torres Reyes fueron enviados a un centro de reclusión militar debido a sus antecedentes y cargos actuales.

Según las investigaciones, los implicados aprovechaban sus posiciones dentro de las fuerzas armadas y de seguridad para acceder al armamento, lo que les permitía operar con relativa facilidad.