En una operación conjunta llevada a cabo en el desarrollo del Plan Ayacucho Plus, el Ejército Nacional de Colombia, en coordinación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, desarticuló una red de tráfico de armas y material de guerra que operaba desde la capital del país.
La institución castrense detalló que la operación incluyó allanamientos en Bogotá, Facatativá (Cundinamarca) y Melgar (Tolima), y resultó en la captura de 13 personas, entre ellas un soldado activo.
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Durante los procedimientos, las autoridades incautaron un arsenal compuesto por 30 armas largas, 19 armas cortas, un lanzacohetes, 100 proveedores, 5 miras para fusil, un silenciador para armas largas y 2.000 cartuchos de diferentes calibres. Además, se encontraron 54 réplicas de camuflados tipo camaleón, 10 pavas y más de $30 millones en efectivo, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales.
De acuerdo con el Ejército Nacional, esta red ilegal se dedicaba a obtener armas y municiones de unidades militares para luego comercializarlas con grupos armados organizados en diferentes regiones del país. La operación fue el resultado de meses de investigaciones y labores de contrainteligencia militar, que permitieron identificar y localizar a los integrantes de esta estructura criminal.
La autoridad militar destacó que esta acción no solo representa un golpe significativo a las finanzas de las organizaciones delictivas, también refuerza su compromiso con la política de transparencia y la lucha contra la corrupción dentro de sus filas. La captura del soldado activo involucrado en la red destaca, según la autoridad militar, la determinación de la institución de no tolerar actos que comprometan la seguridad y la integridad de los colombianos.
Cabe mencionar que el material incautado y los detenidos fueron entregados a las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial correspondiente. El Ejército Nacional aseveró que esta operación es parte de los esfuerzos continuos para combatir el tráfico ilegal de armas y proteger a la población de las amenazas que representan las estructuras criminales en el país.
Otro hecho de corrupción en sanidad militar
Entre 2017 y 2022, un esquema de corrupción relacionado con la contratación irregular de personal médico en la Dirección de Sanidad Militar del Ejército Nacional de Colombia salió a la luz, según informó la Fiscalía General de la Nación. En el centro de la investigación se encuentra el dispensario militar de Bucaramanga, Santander, donde se habrían celebrado contratos irregulares por un valor de $345.181.200. Este caso resultó en la captura de 14 personas, incluidos cinco miembros activos y nueve exintegrantes del Ejército, además de una contratista.
De acuerdo con la Fiscalía, los implicados habrían permitido la firma de seis contratos con Daisy Carolina Sosa Hernández, que fue contratada como anestesióloga a pesar de no contar con la acreditación ni la idoneidad necesarias para ejercer dicha especialidad médica.
La investigación reveló que Sosa Hernández presentó documentación falsa para respaldar su contratación y que no estaba registrada en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReThus), un requisito indispensable para ejercer en el sector. A pesar de estas irregularidades, los contratos avanzaron en contravención de los principios legales.
El ente acusador imputó a los involucrados los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y uso de documento falso. Sin embargo, los acusados no aceptaron los cargos.
Por lo anterior, la Dirección General de Sanidad Militar aprovechó para habilitar los canales que poseen que los ciudadanos denuncien posibles actos de corrupción dentro de la institución. De acuerdo con su sitio web, estas denuncias buscan activar mecanismos de investigación y sanción para combatir irregularidades.
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