Un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación resultó en la captura de un soldado profesional en servicio activo y 12 civiles, que presuntamente integraban una red criminal dedicada a la comercialización ilegal de armas y municiones.
Según informó la institución castrense, las detenciones se llevaron a cabo en las ciudades de Bogotá, Facatativá (Cundinamarca) y Melgar (Tolima), como parte de dos operaciones de contrainteligencia militar desarrolladas en las últimas horas.
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De acuerdo con las investigaciones, los detenidos eran requeridos por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte y tenencia de armas de fuego y municiones. Las autoridades lograron establecer que esta red criminal se dedicaba a la venta de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Militares, el cual era destinado a grupos armados organizados en el ámbito nacional. Tras su captura, los implicados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales para continuar con el proceso de judicialización.
La autoridad militar, a través de un comunicado oficial, destacó que estas acciones son una muestra de su compromiso con la transparencia y la legitimidad institucional. Además, la institución aseguró que se dio inicio a los procesos disciplinarios y administrativos correspondientes para garantizar el debido proceso y esclarecer los hechos. En este sentido, el Ejército reiteró su apoyo total a las investigaciones penales que adelantan las autoridades judiciales.
El comunicado también subrayó que los resultados obtenidos son producto de la colaboración interinstitucional entre las entidades involucradas y de las capacidades de contrainteligencia militar, las cuales se ejecutan de manera permanente dentro de la Fuerza. Estas acciones forman parte de las políticas de transparencia que rigen el actuar militar, según detalló la institución.
Por último, el Ejército Nacional reafirmó su postura de cero tolerancia frente a actos de corrupción, ya sea por parte de personal militar o civil al servicio de la institución. Asimismo, enfatizó su compromiso con los principios y valores institucionales, así como con el respeto al marco jurídico que regula su actuación.
Otro hecho de corrupción en el Ejército
El teniente coronel Diego Alejandro Parga Caro, comandante del Batallón de Ingenieros N.° 23, enfrenta graves acusaciones por parte de la Fiscalía, que lo señala de haber utilizado de manera indebida recursos obtenidos de soldados bajo su mando para cubrir gastos personales.
Según las investigaciones, los hechos ocurrieron en marzo de 2024, apenas dos semanas antes de que los soldados regulares de la Compañía Constructora Sopena fueran licenciados. Este caso generó un fuerte impacto en el Ejército Nacional, especialmente porque el oficial había sido ascendido de grado apenas un mes antes, en diciembre de 2024.
Al menos 37 soldados fueron obligados a pagar $120.000 cada uno bajo la amenaza de no ser licenciados. El oficial justificó el cobro argumentando que los fondos serían utilizados para reponer material de intendencia supuestamente extraviado. Sin embargo, las investigaciones revelaron que estos pagos no fueron reportados oficialmente y que, en realidad, el dinero fue destinado a cubrir gastos personales del teniente coronel Parga Caro, como el pago de servicios de internet familiar y peajes para viajes privados.
Durante la audiencia judicial, la juez teniente coronel Mónica Bustos Sánchez calificó el comportamiento del oficial como una traición a la confianza depositada en él por el Ejército. Según la juez, las pruebas presentadas por la Fiscalía son contundentes y confirman que los recursos obtenidos de manera irregular fueron utilizados para fines personales, sin relación alguna con las necesidades operativas del batallón. Además, se encontró un libro en el que se detallaban los gastos personales del oficial, lo que reforzó las acusaciones en su contra.
El 14 de mayo Parga Caro fue trasladado al Batallón Batalla de Boyacá, ubicado en la ciudad de Pasto, donde permanecerá bajo custodia militar mientras se define un centro de reclusión adecuado para oficiales.
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