
Durante la noche del jueves 15 de mayo, se conoció que la Corte Suprema de Justicia allegó a la Corte Constitucional copias del material probatorio que han recopilado en la investigación por el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) para tenerlos en cuenta dentro del análisis que le hacen a la legalidad del trámite de la ley con la que se reformará el sistema pensional en Colombia.
Se debe recordar que del organismo de atención de emergencias se desviaron recursos para, presuntamente, sobornar a los expresidentes del Senado Iván Name, y de la Cámara de Representantes Andrés Calle para que agilizaran los debates de las reformas sociales que impulsa el Gobierno nacional en el Legislativo.
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Como en la Corte Constitucional analizan —por supuestos vicios— una demanda que instauró la senadora del Partido Centro Democrático Paloma Valencia contra el trámite de la pensional, el presidente de alto tribunal, el magistrado Jorge Ibáñez, también solicitó copias del proceso por el señalado entramado en la Ungrd.
Se trata de seis documentos probatorios que se tuvieron en cuenta para que Name y Calle fueran privados de la libertad en establecimientos carcelarios, y que ahora se encuentran en el despacho de Ibáñez, establecieron en el informativo de televisión Noticias RCN.
La solicitud la hizo el alto togado el viernes de la semana pasada, luego de que a los dos congresistas los cobijaran con medida de aseguramiento.

No obstante, para la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje), en cabeza de César Palomino, la petición de la Corte Constitucional no tiene lugar, según señaló en un comunicado que publicaron el pasado miércoles.
“Ni el magistrado sustanciador ni la Sala Plena de la Corte tienen competencia para modificar el objeto de control de un proceso de constitucionalidad que, en este caso, se circunscribe a los cargos de la demanda que fueron admitidos, los cuales, se reitera, no están asociados a las mencionadas investigaciones penales”, citaron de la misiva de cuatro páginas en la revista Semana.
Palomino señaló en el mismo documento que en el mencionado “proceso ninguno de los intervinientes, así como tampoco el Ministerio Público, ha invocado argumentos de inconstitucionalidad” y por el contrario se estaría desconociendo “el debate democrático y participativo que rige las acciones de inconstitucionalidad”, refirieron del mismo en ese medio de comunicación.

De hecho, por esa solicitud, el presidente de la República, Gustavo Petro, tildó de mentiroso al director de esa revista, Yesid Lancheros, cuando dio cuenta del reporte que hicieron de la solicitud de Ibáñez.
“Mentiroso. Y lo digo con todas las letras. La reforma pensional fue engavetada siete meses por el señor Iván Name para que se hundiera por tiempo [sic]”, señaló el viernes el jefe de Estado en su cuenta oficial de la red social X.
El mandatario, por el contrario, ha sostenido que ese entramado no era para viabilizar el tramite de sus reformas, sino para que se beneficiará electoralmente la hija de Name.

“Ahora veo que intentan convertir a Name en un sobornado por mi, para pasar la refoma pensional. No señor, no hay acción de soborno mia sobre un contradictor políticoque considero bajo.y ruin, como Name; más bien miren la acción de robo sobre el erario que administra mi gobierno, al que se oponía virulentamente, comouna acción para financiar la campaña de su hija. Solo miren las fechas,tanto de la campaña de la hija, como de los siete meses de engavetamiento de la reforma [sic]”, afirmó.
Petro incluso se comprometió a comparecer en la Corte Suprema de Justicia ya que el expresidente del Senado era “el enterrador de la reforma pensional, y no su salvador sobornado”.
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