En la mañana del miércoles 14 de mayo de 2025, el equipo de la Fiscalía General de la Nación designado en la investigación por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd) hizo una solicitud para que se realice una audiencia de imputación y medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
La petición fue hecha ante el Tribunal Superior de Bogotá, donde el exfuncionario del Gobierno del presidente Gustavo Petro sería acusado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
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Según los fiscales del ente acusatorio, esta acción judicial se enmarca en la segunda fase de una investigación que la Fiscalía lleva a cabo desde 2024. Durante este tiempo, se han recopilado pruebas que apuntan a presuntos desvíos de recursos desde la Ungrd, una entidad clave en la gestión de emergencias y desastres en el país.
Las fiscales encargadas del caso, Cristina Patiño y Andrea Muñoz, han liderado un exhaustivo análisis de los movimientos financieros y patrimoniales de González Merchán, incluyendo el rastreo de sus cuentas bancarias y reportes de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf).
Entre las estrategias investigativas destacadas, se encuentra el uso de la geolocalización del celular del exfuncionario en momentos considerados clave para el caso. Este seguimiento permitió a las autoridades identificar posibles reuniones y actividades relacionadas con los presuntos actos ilícitos.
Además, se ordenó el análisis de adquisiciones de bienes y metales preciosos que podrían estar vinculados al esquema de corrupción. Estas medidas fueron avaladas por la Corte Suprema de Justicia, al negar la petición de la defensa de González que buscaba anular el material probatorio obtenido en su contra.
En declaraciones a Infobae Colombia, el abogado Iván Cancino, representante legal del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, aseguró que, hasta el momento, no ha sido notificado de la decisión de la Fiscalía. “Aún no. Hasta que me notifiquen oficialmente no tendré pronunciamiento”, declaró el jurista.
De qué se le acusa a Carlos Ramón González
El caso se centra en hechos ocurridos entre el 18 y el 21 de septiembre de 2023, cuando González, en su calidad de director del Dapre, habría solicitado contratos por un valor de 60.000 millones de pesos para el entonces presidente del Senado Iván Name, y más de 10.000 millones de pesos para el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, ambos funcionarios huy detenidos.
Según la Fiscalía, estos contratos fueron posteriormente modificados, resultando en pagos en efectivo de 3.000 millones de pesos para Name Vásquez y 1.000 millones de pesos para Calle. La ejecución de estas transacciones habría sido delegada por López a Sneyder Pinilla, que se encargó de gestionar los recursos.
De acuerdo con una investigación revelada por El Tiempo, antes de que se concretara la entrega de dicho dinero se había realizado un cónclave con altos funcionarios del Gobierno Petro, en donde se definió el monto final a entregar a los congresistas.
El esquema de corrupción, según detalló el ente acusador, involucró el desvío de fondos públicos destinados a la Ungrd, una entidad clave en la gestión de emergencias y desastres en el país. Este desfalco no solo habría afectado las finanzas públicas, sino que también habría comprometido la transparencia en la ejecución de los recursos destinados a atender situaciones de emergencia.
La Fiscalía también presentó partes del interrogatorio en el que se revelaron detalles del modus operandi de los implicados. Según el ente acusador, González habría utilizado su posición de poder para coordinar las operaciones ilícitas, mientras que otros funcionarios y colaboradores ejecutaron las órdenes para garantizar el flujo de dinero hacia los destinatarios finales.
Mientras avanzan las investigaciones, se desconoce la ubicación de Carlos Ramón González, ya que la última versión señala que el exfuncionario habría abandonado el país. Sin embargo, su abogado Iván Cancino comentó a El Tiempo que su salida del país obedeció a temas de índole personal hacia España.
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