El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, envió una solicitud formal a la directora nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en la que plantea la necesidad de designar un director regional en propiedad para el departamento.
La petición surge después de más de 24 meses en los que la entidad ha estado bajo dirección provisional en esta región.
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En el documento firmado por Rendón, se argumenta que la continuidad de encargos temporales ha generado efectos negativos en la capacidad operativa del instituto en el territorio.
“La alta rotación en este cargo afecta la gobernabilidad de una institución clave para el país y la región, y debilita el liderazgo, la comunicación y la articulación con las entidades territoriales del departamento. Esta inestabilidad limita la capacidad de respuesta oportuna y efectiva frente a situaciones urgentes y prioritarias como la desnutrición infantil, la inseguridad alimentaria y la violencia contra la niñez”, expresa la misiva enviada a Bogotá.
Actualmente, la Dirección Regional del ICBF en Antioquia es ocupada por Diana Carolina Baloy, quien asumió en calidad de encargo.
Pese a ello, aún no se ha comunicado oficialmente un nombramiento definitivo, hecho que según el mandatario regional afecta la consolidación de programas sociales clave en el departamento.
La insistencia del gobernador coincide con antecedentes que han despertado inquietudes sobre el manejo administrativo de la entidad en Antioquia.
Una de las principales críticas se relaciona con los retrasos en los procesos de contratación destinados a garantizar la alimentación de más de 190.000 menores en el departamento.
Para la administración departamental, estas demoras estarían asociadas a la ausencia de una cabeza fija en el liderazgo regional del instituto.
Además, el gobernador aprovechó la oportunidad para pronunciarse sobre el funcionamiento del aparato estatal, extendiendo su inquietud al desempeño general de las instituciones nacionales.
A través de su cuenta de X (antes Twitter), afirmó: “Si esto lo desestiman en el gobierno central, entonces qué podemos esperar del resto del funcionamiento del Estado”.
Durante el año anterior, uno de los directores encargados en la región, Edgar Quevedo, fue objeto de críticas por su participación en actividades políticas mientras se encontraba en funciones.
El caso más visible fue una convocatoria a contratistas del ICBF para asistir a movilizaciones en respaldo al Gobierno Nacional, lo cual suscitó cuestionamientos desde diferentes sectores que exigieron garantías de neutralidad institucional.
Diversas voces en el departamento han insistido en que un liderazgo estable permitiría consolidar procesos administrativos, agilizar la atención de casos urgentes y garantizar una ejecución oportuna de los programas del ICBF.
Por esa razón, el llamado del gobernador apunta a que se priorice el nombramiento formal de un directivo con permanencia asegurada.
En años anteriores, el cargo ha sido ocupado por varios funcionarios en condición de encargo, lo que según las autoridades departamentales ha generado incertidumbre tanto entre los beneficiarios como entre los contratistas de la entidad.
Aunque no se ha indicado una fecha para una posible decisión por parte del nivel central, desde la Gobernación de Antioquia se insiste en que el nombramiento debe considerarse urgente, teniendo en cuenta el alcance de las funciones del ICBF en temas como protección a la infancia, nutrición y prevención de violencia.
La solicitud permanece en trámite ante la dirección nacional del ICBF. Entre tanto, la administración departamental continúa insistiendo en la necesidad de fortalecer la coordinación institucional con funcionarios designados en propiedad, que puedan liderar procesos con mayor continuidad y estabilidad.
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