Grave señalamiento de Jorge Robledo: acusa al Gobierno Petro de usar a Ecopetrol como salvavidas fiscal

En una entrevista reciente con la revista Semana, el exsenador Jorge Enrique Robledo lanzó fuertes advertencias sobre una polémica decisión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) que, según dijo, pone en riesgo la estabilidad financiera de Ecopetrol y compromete el futuro económico de la principal empresa estatal del país.

Robledo alertó sobre una resolución de la Dian que busca cobrarle a Ecopetrol 9,4 billones de pesos por concepto de un supuesto IVA no pagado sobre las importaciones de gasolina en años anteriores. Según su análisis, de aplicarse el mismo criterio al Acpm, la cifra podría escalar hasta los 21 billones de pesos, una carga que, a su juicio, supera ampliamente la caja operativa anual de la petrolera.

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“Estamos hablando de montos que, inclusive, superan lo que llaman los especialistas “la caja de Ecopetrol”, que es lo que Ecopetrol tiene que gastar todo el año para operar. Si Ecopetrol no tiene recursos con qué operar, imagínese el problema que tiene que ver con la exploración de petróleo, que tiene que ver con la explotación de los pozos, tantos gastos que tiene una empresa como estas al año. Sin duda, esto es un asunto que es una amenaza grande a Ecopetrol”, señaló Robledo.

El exsenador sostiene que esta decisión no solo es cuestionable desde el punto de vista legal, pues se basa en interpretaciones tributarias controvertidas, sino que además responde a una estrategia desesperada del Gobierno Petro para recaudar recursos y enfrentar un creciente desbalance fiscal. A su parecer, la Dian está siendo utilizada como herramienta para subsanar el déficit presupuestal derivado del aumento sostenido del gasto estatal, en medio de una caída del recaudo tributario.

Robledo fue enfático en señalar que el presidente Gustavo Petro ha sido históricamente hostil con el sector de hidrocarburos, y particularmente con Ecopetrol. Afirmó que el mandatario ha manifestado durante años su deseo de desmantelar la economía petrolera y sustituirla por modelos que, a su entender, carecen de viabilidad estructural. Para Robledo, esa animadversión estaría incidiendo en decisiones que debilitan a propósito la operatividad y la confianza en la empresa.

En su crítica, también apuntó directamente al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, a quien considera un administrador deficiente, nombrado por razones políticas y rodeado de escándalos, incluso por presuntos actos de corrupción. Para Robledo, la combinación de una administración errática con decisiones fiscales gravosas amenaza con agravar aún más la ya complicada situación financiera de la compañía, que carga con una deuda cercana a los 114 billones de pesos.

El excongresista también puso en duda la legitimidad democrática de la medida, al calificarla como una reforma tributaria encubierta que el Gobierno estaría imponiendo sin pasar por el Congreso. Recordó que existe un principio democrático fundamental según el cual no puede haber impuestos sin representación, y acusó al Ejecutivo de ignorar los pesos y contrapesos propios del sistema republicano.

Cuestionó, además, la independencia del director de la Dian en esta decisión. Para Robledo, es inverosímil pensar que una medida de tal magnitud se haya tomado sin conocimiento ni aprobación del presidente. En su lectura, el silencio de Petro frente al tema sería una señal clara de su participación directa, lo cual, en su opinión, confirma un patrón de autoritarismo y abuso del poder presidencial.

Finalmente, Robledo advirtió que si la resolución de la Dian se mantiene firme y se extiende al Acpm, el impacto sobre Ecopetrol sería demoledor. Más allá del efecto contable, subrayó las implicaciones que esto tendría sobre la inversión, la producción y las transferencias que la empresa realiza al Estado, las cuales ya en 2024 superaron los 40 billones de pesos.

Con estas declaraciones, el exsenador pone en el centro del debate público una medida fiscal que podría alterar significativamente el equilibrio entre las finanzas del Estado y la sostenibilidad de su principal activo económico.