
Sobre el mediodía del jueves 8 de mayo de 2025, dos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación fueron secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) cuando la camioneta en la que viajaban, adscrita al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), fue interceptada por miembros del Frente de Guerra Oriental, al mando de Manuel Vásquez Castaño.
Los dos hombres, que fueron privados de su libertad en la vía que conduce al municipio de Fortul, en el departamento de Arauca, fueron identificados como Rodrigo Antonio López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo.
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Este hecho fue confirmado por el grupo armado al margen de la ley por medio de un comunicado oficial emitido ese mismo día, en el que confirmaron los hechos y el modo en que llevaron a cabo el secuestro de los dos hombres, asegurando que en ese momento López y Pacheco tenían sus armas de dotación: “Estos agentes fueron retenidos con su armamento de dotación y se les seguirá el debido proceso conforme a nuestra normatividad”.
Asimismo, ratificaron que el mismo día, en la vereda Caranal, municipio de Fortul, un soldado del Batallón Energético Vial fue herido por un francotirador del ELN.
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De igual manera, el frente difundió un video en el que aparece uno de sus integrantes replicando la información del comunicado oficial: “El Frente de Guerra Oriental, comandante en jefe Manuel Vázquez Castaño del Ejército de Liberación Nacional ELN informa que el día 8 de mayo del 2025 a las 11:57 a.m. en acciones de registro y control por parte de unidades nuestras fue interceptada una camioneta del cuerpo técnico de investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación. Llegando al municipio de Fortul, departamento de Arauca”.
Este sujeto estaba armado e identificado con dispositivos alusivos al ELN, pero no permitió que fuera identificado por su rostro, cubriéndolo con un gorro y una pañoleta.
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Por medio de un pronunciamiento, la Gobernación de Arauca se refirió al desafortunado hecho, rechazando de manera contundente estas acciones que hacen parte de los ataques terroristas del grupo armado, pues el secuestro es uno de los crímenes de guerra estipulados en el Estatuto de Roma.
“Estas personas estaban cumpliendo funciones administrativas como servidores públicos de la Fiscalía Seccional Arauca. Rechazamos estos hechos y hacemos un llamado urgente a sus captores para que respeten su vida y los liberen sanos y salvos. Además, solicitamos el acompañamiento e intervención de la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la comunidad internacional, para que, a través de sus canales humanitarios, se logre su pronto regreso a la libertad”, expresó el gobernador Renson Martínez.
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La administración confirmó que Jesús Antonio era el responsable de la unidad de infraestructura y personas (Protección), y Rodrigo Antonio se desempeñaba como agente de protección.
Nasser Cruz Matus, secretario de Gobierno y Seguridad, hizo un llamado a la comunidad para que contribuyan con las autoridades si tienen información que pueda ayudar a la ubicación de los funcionarios de la Fiscalía: “Si alguien tiene información que contribuya a la ubicación de los funcionarios, le pedimos que la suministre de manera inmediata a través de los canales oficiales y bajo total reserva”.

Por su parte, el senador del Centro Democrático, José Vicente Carreño Castro, rechazo el hecho y pidió que estos dos hombres sean liberados: “Ayer fueron secuestrados en Fortul, los funcionarios de @FiscaliaCol Jesús Pacheco y Rodrigo López. Hago un llamado a @DefensoriaCol y la Iglesia Católica para mediar por su liberación. Exigimos el respeto por sus vidas, especialmente debido a la condición médica de uno de ellos”.
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En las últimas semanas, el ELN ha realizado varios actos de privación de la libertad de funcionarios y soldados del Ejército Nacional, donde en varios de los casos, días después, entregan pruebas de supervivencia y, posteriormente, algunos son liberados.
Se desconocen las razones específicas de este secuestro y si en esta oportunidad confirmarán las buenas condiciones en las que están retenidos, como ya lo han hecho antes. Las autoridades continúan trabajando para mitigar este tipo de actividades ilegales que atentan contra la comunidad y los servidores públicos en varios territorios del país.
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