Luis Alonso Colmenares aseguró que decreto sobre sistema de salud de los indígenas abre la puerta a la corrupción

El Decreto 480 de 2025, que establece el Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (Sispi) como política de Estado para los pueblos indígenas de Colombia, ha sido objeto de intensas críticas por parte de Luis Alonso Colmenares.

Según explicó el jurista a Infobae Colombia, el decreto, que pretende garantizar la autonomía indígena en materia de salud, podría convertirse en un instrumento que, bajo la apariencia de respeto cultural, favorezca la corrupción y el abandono sanitario de las comunidades más vulnerables del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Colmenares sostuvo que, al revisar el decreto, es posible identificar varios elementos que distorsionan el espíritu del Convenio 169 de la OIT, que establece la obligación de los gobiernos de garantizar servicios de salud adecuados a los pueblos indígenas.

El contador público fue claro en que la creación de sistemas paralelos sin supervisión estatal efectiva, como propone el Sispi, pone en peligro la atención sanitaria de las comunidades y diluye la responsabilidad estatal.

De acuerdo con el docente universitario, lo que se presenta como un avance en la autonomía podría terminar siendo una puerta abierta para el enriquecimiento personal de unos pocos, mientras las comunidades permanecen desatendidas.

Por ejemplo, una de las principales críticas de Colmenares al Decreto 480 es que otorga a los mismos actores que administran el sistema de salud indígena la responsabilidad de su control y vigilancia. Esto implica, según su análisis, que el “ratón cuida el queso”, lo que puede resultar en prácticas de corrupción, negligencia y falta de sanciones efectivas, como ya se ha evidenciado en regiones como La Guajira, donde algunos líderes indígenas han acumulado grandes fortunas mientras las comunidades, como los niños wayuu, siguen muriendo de desnutrición y enfermedades prevenibles.

Colmenares también resaltó otros riesgos específicos del decreto. Uno de ellos es la exención de las Instituciones Prestadoras de Salud Indígena (Ipsi) de cumplir con los estándares de calidad, infraestructura y personal calificado. El contador público recalcó a Infobae Colombia que tal situación abre la puerta a la improvisación y al abandono de las comunidades, donde ya existen puestos de salud sin medicamentos ni médicos.

A juicio del docente universitario, la falta de regulación en la asignación de recursos para transporte asistencial podría permitir que los fondos destinados a las necesidades de las comunidades se desvíen hacia lujos personales de los líderes, como ha ocurrido en el pasado.

Además, el derecho a la “objeción cultural”, que permite rechazar tratamientos médicos bajo argumentos de cosmovisión ancestral, es otro de los puntos que inquieta a Colmenares. Aunque el respeto a la cultura indígena es fundamental, él advierte que este derecho no debe ser utilizado para negar tratamientos esenciales como vacunas, atención neonatal o intervenciones de urgencia, tal como ha sucedido en algunas regiones del país, donde brotes de enfermedades prevenibles se han registrado debido a la negativa a la medicina occidental.

Por otra parte, en el plano financiero, Colmenares alertó sobre los riesgos que presenta el decreto al permitir transferencias directas de recursos de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) a los territorios indígenas sin exigir mecanismos claros de rendición de cuentas.

El contador público señaló que en regiones como La Guajira, donde los recursos públicos han sido desviados, el sistema actual ya ha permitido que algunos líderes indígenas vivan como magnates, mientras las comunidades siguen sin recibir la atención médica adecuada.

Así mismo, Colmenares también fue crítico frente a la falta de controles en los autocensos indígenas, que se utilizan como base para la asignación de recursos. Esto, según él, podría facilitar la manipulación de las cifras y la inclusión de “afiliados fantasmas”, lo que resultaría en la obtención de más dinero del que realmente corresponde a cada comunidad, abriendo la puerta a la corrupción.

Colmenares concluyó que el Decreto 480 de 2025 no es lo que los pueblos indígenas realmente necesitan. En lugar de promover la autonomía sin transparencia, el contador público explicó que el Gobierno nacional debería garantizar la auditoría externa, establecer estándares de calidad en la atención y aplicar sanciones penales a quienes desvíen recursos o pongan en peligro la salud de las comunidades.

Según el docente universitario, si el objetivo del gobierno es realmente proteger la vida y la dignidad de los pueblos indígenas, la única manera de hacerlo es asegurando una rendición de cuentas clara y efectiva, sin dejar las decisiones sanitarias en manos de aquellos que han demostrado tener intereses personales por encima del bienestar colectivo.

Colmenares finalizó: “La autonomía debe ir de la mano con la transparencia y la rendición de cuentas. Si no es así, el remedio será peor que la enfermedad, y los verdaderos perjudicados serán los indígenas de Colombia”.