Gobierno anunció nuevo programa social para más de 12.000 jóvenes: tendrán salario y formación incluida

En un intento por transformar el enfoque de la seguridad ciudadana en Colombia y brindar oportunidades reales de desarrollo a miles de jóvenes, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció una ambiciosa iniciativa que busca impactar las comunidades más vulnerables del país desde una perspectiva integral de convivencia, prevención y paz.

Durante el más reciente Consejo de Ministros, Benedetti reveló la creación del programa “Gestores de Convivencia”, una estrategia que apunta a involucrar activamente a más de 12.000 jóvenes, quienes no solo recibirán capacitación técnica o deportiva, sino que también serán remunerados por su participación, con una bonificación superior al salario mínimo legal vigente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Los participantes recibirán una bonificación superior al salario mínimo, convirtiéndose en una alternativa real de inclusión social, desarrollo personal y generación de oportunidades”, indicó el jefe de la cartera política.

Este programa, según explicó el funcionario, se empezará a implementar desde este mismo año y busca alcanzar la cifra total de beneficiarios para 2025.

Aunque la medida podría ser vista como un esfuerzo aislado, el Gobierno nacional asegura que esta hace parte de una estrategia mucho más amplia que busca reorientar las políticas de seguridad hacia modelos preventivos, comunitarios y sostenibles.

“El programa se alinea con iniciativas como Jóvenes en Paz, del Departamento de Prosperidad Social (DPS), pero incorpora nuevos enfoques para garantizar su efectividad”, señaló Benedetti, al destacar que el proyecto no se trata solamente de formar jóvenes, sino de vincularlos activamente a los procesos de transformación social y seguridad en sus propios entornos.

La medida se complementa con otras acciones del Gobierno para reforzar los mecanismos de vigilancia urbana. El ministro alertó que, actualmente, de las más de 27.000 cámaras de seguridad instaladas en diferentes municipios del país, cerca de 12.000 están fuera de servicio. Por ello, desde su cartera se priorizará el uso eficiente de los recursos para su reparación, mantenimiento e integración con otras herramientas de seguridad comunitaria.

“No podemos seguir dependiendo exclusivamente de las cámaras para judicializar; necesitamos estrategias más robustas que eviten que el delito ocurra en primer lugar”, afirmó el ministro.

En ese sentido, lejos de la simple presencia policial o la instalación de cámaras, lo que propone el Ministerio del Interior es un cambio estructural en la forma de abordar los conflictos y la violencia en Colombia, con los jóvenes como protagonistas.

“Este programa es una apuesta por la vida, la paz y la esperanza en territorios donde por mucho tiempo solo ha reinado el abandono y la violencia”, concluyó Armando Benedetti.

Dentro de la misma línea de acción, el Gobierno anunció una inversión de medio billón de pesos para la ejecución de 43 proyectos de seguridad en diferentes regiones. De estos recursos, $200.000 millones estarán dedicados exclusivamente a iniciativas de convivencia ciudadana, con un enfoque centrado en la prevención del delito y la cohesión social.

Una de las apuestas clave en este proceso será el fortalecimiento del Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el cual trabajará en conjunto con la Policía Nacional y una universidad de alto nivel académico —cuyo nombre se dará a conocer una vez se firme el convenio— para analizar de manera técnica los patrones de violencia en el país.

“El objetivo será diferenciar con rigor los tipos de violencia: homicidios dolosos, culposos, sicariato, conflictos entre bandas criminales o disputas derivadas del microtráfico. Con este conocimiento podremos diseñar políticas públicas más precisas y centradas en la prevención”, explicó Benedetti.

En ese sentido, desde el Ministerio del Interior aseguraron que están en proceso de construcción de una nueva política pública de prevención del delito, la cual recogerá las mejores prácticas nacionales e internacionales, así como los resultados de los estudios desarrollados por esta alianza entre la academia y las instituciones del Estado.