Crisis de extorsión en Bogotá alerta a las autoridades: sucede un caso cada cuatro horas

La capital colombiana está viviendo un preocupante crisis de inseguridad relacionada con el aumento de casos de extorsión. La Concejala de Bogotá, Quena Ribadeneira, denunció lo que considera un abandono por parte de la administración distrital frente a la creciente problemática que afecta a la ciudad.

Según cifras presentadas por la cabildante, en lo que va del año 2025 se han registrado 464 casos de extorsión, lo que equivale a un caso cada cuatro horas. Estas cifras, según Ribadeneira, reflejan una situación alarmante que requiere una respuesta inmediata y efectiva por parte de las autoridades locales.

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De acuerdo con la información proporcionada por la concejala, las localidades más afectadas durante el primer trimestre del año son Suba, con 61 casos; Kennedy, con 51 casos; Santa Fe y Engativá, con 42 casos cada una; y Usaquén, con 40 casos. Estas cifras evidencian una concentración significativa de denuncias en estas zonas, lo que sugiere patrones específicos de operación por parte de los grupos criminales. Además, se destacó que los días lunes, jueves y viernes, especialmente en las tardes y noches, son los momentos en los que la ciudadanía se encuentra más expuesta a este delito.

En cuanto a las modalidades utilizadas por los extorsionadores, la llamada telefónica sigue siendo el método más reportado, seguido por el uso de redes sociales y las amenazas directas. Esto pone de manifiesto cómo el crimen organizado ha adaptado sus estrategias a las nuevas tecnologías, ampliando su alcance y sofisticación. Ribadeneira subrayó que esta evolución en las tácticas de los delincuentes exige una respuesta igualmente innovadora por parte de las autoridades.

La concejala, miembro del Pacto Histórico, expresó su frustración ante la falta de acción por parte de la administración distrital. Según indicó, desde el Concejo de Bogotá ha propuesto en varias ocasiones la creación de una ruta integral para la atención de las víctimas de extorsión, pero este proyecto no ha sido priorizado. Ribadeneira cuestionó si la aparente disminución en las denuncias podría deberse a una resignación de la ciudadanía ante la falta de respuestas efectivas. “Hoy preguntamos directamente a la Alcaldía: ¿Están bajando los casos de extorsión o las víctimas están dejando de denunciar ante la falta de respuestas efectivas? No podemos seguir aceptando como ‘mejoras’ lo que, en realidad, puede ser solo el silencio de una ciudadanía resignada”, afirmó.

Recomendaciones para enfrentar la crisis

ProBogotá emitió una serie de recomendaciones para fortalecer las estrategias de seguridad en Bogotá. Entre las principales propuestas se encuentran:

• Desmantelar los mercados de armas ilícitas y mejorar la integración de información criminal para desarticular estructuras delictivas. ProBogotá enfatizó que estas acciones deben ser coordinadas con el Gobierno nacional para enfrentar el escalamiento de la violencia.
• Implementar una estrategia integral para combatir la extorsión, que incluya la identificación de intentos de falsificación de marcas criminales, el desmantelamiento de centros de fraude y call centers utilizados para este delito, y el control del acceso de reclusos a dispositivos móviles en centros de detención.
• Promover una transformación cultural que fomente la tolerancia y reduzca los conflictos de convivencia, los cuales son una de las principales causas de homicidios en la ciudad.

• Mejorar el acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género, fortaleciendo la confianza en las autoridades y la capacidad institucional de respuesta.
• Fortalecer las capacidades de la fuerza pública mediante el uso de tecnología, inteligencia y un mayor control territorial. Además, se destacó la importancia de comprender las dinámicas delictivas a nivel local y barrial.
• Reorganizar el espacio urbano para cerrar oportunidades al crimen, coordinando esfuerzos desde la institucionalidad distrital y potenciando las capacidades de las alcaldías locales.
• Mejorar la relación entre la ciudadanía y las autoridades mediante respuestas más efectivas, canales de comunicación eficientes y la promoción del respeto hacia las instituciones.