La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) recuperó 26 cuerpos durante su primera intervención en el cementerio Jardines de la Esperanza de Montería, como parte del Plan Regional de Búsqueda del Alto Sinú y Montería.
Según informó la entidad, los restos fueron exhumados de 40 bóvedas señaladas como posibles lugares de inhumación de víctimas del conflicto armado, en un operativo que se extendió por 17 días.
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De acuerdo con la UBPD, el equipo forense encargado de las labores trabajó en conjunto con Medicina Legal y la Diócesis de Montería. Los cuerpos recuperados podrían corresponder a personas desaparecidas antes del 1 de diciembre de 2016, fecha límite establecida en el marco del acuerdo de paz firmado en Colombia.
Actualmente, los restos se encuentran bajo custodia mientras se adelantan los procesos de identificación que permitan determinar sus identidades y notificar a sus familiares.
Jessica Sulay Sánchez Mora, coordinadora de la Ubpd en Córdoba, destacó la relevancia de este avance en la búsqueda de desaparecidos en Montería, una ciudad que registra un total de 690 personas desaparecidas.
Sánchez Mora hizo un llamado a las familias que tengan seres queridos desaparecidos en el contexto del conflicto armado para que se acerquen a la entidad y presenten sus solicitudes de búsqueda.
Y es que el operativo en el cementerio Jardines de la Esperanza forma parte de un esfuerzo más amplio que abarca a toda la región del Alto Sinú.
En total, el plan de búsqueda en esta zona de Córdoba abarca a 2.105 personas reportadas como desaparecidas en los municipios de Montería, Tierralta y Valencia. La segunda fase de intervención en el cementerio está programada para el segundo semestre de 2025, cuando se planea exhumar restos de 20 bóvedas adicionales.
Frente a ello, es importante anotar que este tipo de intervenciones son fundamentales para avanzar en la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia, un país que ha enfrentado décadas de violencia y desapariciones forzadas.
La UBPD, creada como parte de los acuerdos de paz, tiene como misión principal localizar a las personas desaparecidas y contribuir al esclarecimiento de los hechos que llevaron a su desaparición.
Córdoba, una de las regiones más afectadas por el conflicto armado
El conflicto armado en Córdoba, Colombia, estuvo marcado por la presencia y expansión de grupos paramilitares desde finales de la década de 1980.
Estos grupos, inicialmente denominados Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), surgieron como respuesta a las guerrillas de izquierda, pero rápidamente se convirtieron en actores armados con objetivos propios.
Su accionar se extendió por diversas regiones del departamento, incluyendo el sur de Córdoba, el Urabá antioqueño, el Bajo Atrato y el Darién, donde operaron estructuras como el Bloque Élmer Cárdenas, el Bloque Bananero y el Bloque Héroes de Tolová.
Durante su periodo de actividad, estos grupos implementaron estrategias de control territorial mediante el uso de la violencia, incluyendo asesinatos selectivos, desplazamientos forzados y masacres.
En Córdoba, se registraron 53 masacres con 389 víctimas, la mayoría civiles, perpetradas por grupos paramilitares. Además, se documentaron 2.503 asesinatos selectivos, en su mayoría de líderes sociales y campesinos, como parte de su estrategia para intimidar y controlar a la población.
La desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006 no significó el fin de la violencia en la región. A pesar de los procesos de paz, la violencia resurgió en Córdoba, evidenciando la persistencia de estructuras armadas ilegales y la falta de presencia efectiva del Estado en algunas zonas. En años posteriores, se registraron masacres en municipios como Montelíbano y Puerto Libertador, lo que demuestra que la violencia no cesó tras la desmovilización.
En la actualidad, la región enfrenta desafíos relacionados con la persistencia de grupos armados ilegales, como el Clan del Golfo, que han incrementado su actividad para presionar al gobierno hacia una negociación política.
Estos grupos, surgidos de antiguos paramilitares y otros actores ilegales, se financian mediante actividades ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, la corrupción y la extorsión. Su presencia continúa afectando la seguridad y el bienestar de las comunidades en Córdoba
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