El departamento de Bolívar enfrenta una grave crisis humanitaria y de seguridad. Entre enero y diciembre de 2023, fue uno de los territorios más afectados por el conflicto armado en Colombia, según el balance del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr). Solo en ese año, Bolívar registró 13.691 desplazamientos individuales, lo que lo ubicó como el cuarto departamento más afectado por esta problemática. Además, fue el quinto con más personas heridas o muertas por artefactos explosivos (53 víctimas) y el sexto con más desapariciones forzadas.
El epicentro de esta nueva escalada violenta es el sur del departamento, especialmente en la serranía de San Lucas y los Montes de María. Allí, estructuras ilegales como el Clan del Golfo (o Ejército Gaitanista de Colombia), el ELN y las disidencias de las Farc protagonizan una guerra que se agudizó desde 2021. La pugna por el control del territorio y de rentas ilícitas como la minería ilegal ha empujado a las comunidades a nuevos ciclos de desplazamientos, confinamientos y asesinatos selectivos.
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La fuerza de estos grupos se multiplicó en tiempo récord. El secretario de Seguridad de Bolívar, Manuel Berrío, advirtió que en la subregión sur la presencia armada pasó de 400 integrantes a finales de 2023 a unos 2.500 en la actualidad. Este aumento se refleja en hechos como el asesinato del exconcejal Hémerson Reinel Pérez, el atentado contra un líder político y la imposición de toques de queda por parte de los grupos armados.
En los Montes de María, donde el Clan del Golfo consolidó su dominio, la violencia tomó formas más sutiles, pero igualmente devastadoras. Las extorsiones se generalizaron, las clases fueron suspendidas en algunos municipios, y el control social es ejercido con tanta eficacia que las comunidades viven bajo un silencioso estado de sitio. Allí, los homicidios vuelven a alcanzar niveles comparables a los de finales del siglo pasado, en plena ofensiva paramilitar.
Las cifras de violencia no son el único indicio del deterioro en Bolívar. La cooptación institucional también preocupa. Un estudio del Instituto Internacional de Estudios del Caribe (Iiec) revela una innegable captura del Estado por parte de estructuras ilegales, que habrían intervenido incluso en las elecciones regionales de octubre de 2023. El libro Territorio, violencias y derechos humanos, presentado en Bogotá, advierte sobre el control de las juntas de acción comunal y la influencia del clan en la vida comunitaria, desde arreglos de vías hasta el reparto de ayudas escolares.
Este control territorial no ha sido contrarrestado de forma efectiva por la institucionalidad. Aunque hay presencia de la Fuerza Pública (más de 5.000 efectivos distribuidos entre la Fuerza de Tarea Conjunta Marte y varios batallones en los Montes de María), persisten denuncias de inacción y hasta de coordinación con los grupos armados para evitar enfrentamientos. La Gobernación de Bolívar señaló limitaciones por cuenta de la política de paz total del Gobierno nacional, que impide operaciones ofensivas si no hay autorización del mecanismo de monitoreo del cese al fuego.
Paradójicamente, ni el Clan del Golfo ni el ELN, los principales actores armados en Bolívar, tienen actualmente acuerdos de cese con el Gobierno. Sin embargo, la inacción continúa. Para el Iiec, además de la estrategia nacional, la falta de liderazgo local y la debilidad en la coordinación nación-territorio son factores que agravaron la situación.
El conflicto también dejó profundas secuelas ambientales. La minería ilegal, principalmente en la serranía de San Lucas, contaminó fuentes hídricas con mercurio y cianuro. Estudios identificaron altos niveles de intoxicación en pescadores y daños irreversibles en ciénagas y ríos.
Pese a la magnitud de la crisis, las comunidades siguen esperando respuestas. Las cifras hablan por sí solas, Bolívar está atrapado en una nueva fase del conflicto armado, donde la impunidad, el miedo y la captura institucional crearon un escenario que amenaza con perpetuar la violencia.
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