Dos policías pensionados y uno activo fueron sorprendidos con explosivos en una vía de Córdoba

En un operativo llevado a cabo en la vía que conecta Caucasia (Antioquia) con Planeta Rica (Córdoba), las autoridades detuvieron a tres miembros de la Policía Nacional, dos de ellos pensionados y uno en servicio activo, quienes transportaban un arsenal de explosivos y armas de fuego en un vehículo particular. El procedimiento se registró en la noche del 15 de abril, a la altura del kilómetro 60, durante labores de registro y control en la zona, según informó un reporte preliminar.

De acuerdo con las autoridades, los detenidos fueron identificados como Giovanny Pardo Arias y Ricardo Barreto Calderón, ambos pensionados con el rango de intendente jefe, y Andrés Chaparro Betancourt, un intendente activo adscrito al grupo de armamento del departamento de Policía Guaviare. Este último se encontraba fuera de su jurisdicción bajo un permiso especial otorgado por la temporada de Semana Santa, lo que ha generado interrogantes sobre las circunstancias de su desplazamiento.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El informe oficial detalla que los tres hombres transportaban en una camioneta un importante cargamento de material bélico. Entre los elementos incautados se encuentran 15 detonadores eléctricos, 6 detonadores no eléctricos, 24 cartuchos propulsores tipo gas gun, 500 cargas cilíndricas, una pistola con tres proveedores y 24 cartuchos calibre 9 mm, además de un revólver Colts con 14 cartuchos calibre 38. Este arsenal, compuesto por explosivos y municiones de uso restringido, es considerado de uso exclusivo de las fuerzas armadas, lo que agrava la situación legal de los implicados.

Tras la captura, los tres hombres fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente. Según el reporte oficial, serán procesados por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos.

Además, las autoridades iniciaron una investigación para determinar el destino y el propósito del material incautado. Según el informe preliminar, se busca esclarecer si los explosivos y las armas tenían como objetivo ser utilizados en actividades delictivas en esta región del país, que históricamente ha sido escenario de conflictos armados y presencia de grupos ilegales.

Frente a ello, las autoridades reiteraron su compromiso de llevar a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes. Mientras tanto, la región permanece en alerta ante la posibilidad de que existan otros casos similares o redes más amplias involucradas en el tráfico de armas y explosivos.

A qué se expondría un policía que sea hallado con explosivos en Colombia

En Colombia, un policía hallado en posesión de explosivos puede enfrentarse a diversas consecuencias legales, tanto penales como disciplinarias.

Responsabilidad penal:

• Terrorismo (artículo 343 del Código Penal): si la posesión de explosivos se realiza con fines terroristas, la pena puede oscilar entre 160 y 270 meses de prisión, además de una multa significativa.
• Empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos (artículo 359 del Código Penal): si los explosivos se utilizan para lanzar contra personas, edificios o medios de locomoción, la pena de prisión puede variar entre 16 y 90 meses, dependiendo de las circunstancias.

• Fabricación, importación, tráfico, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares (artículo 367 del Código Penal): si se trata de explosivos de naturaleza química, biológica o nuclear, la pena de prisión puede ser de 96 a 180 meses, con multas elevadas.

Responsabilidad disciplinaria:

Adicionalmente, el policía podría enfrentar sanciones disciplinarias bajo el Código Disciplinario Único (Ley 1952 de 2019), que incluyen desde amonestaciones hasta la destitución del cargo, dependiendo de la gravedad de la conducta y de si se determina que actuó en contra de los principios y normas que rigen la función pública.