Guerra automotriz: Trump exigió a Colombia frenar nuevas normas o cortará exportaciones desde EE. UU.

La tensión comercial entre Colombia y Estados Unidos escaló a un nuevo nivel tras una dura advertencia enviada por la administración de Donald Trump al Gobierno nacional. El detonante fue una serie de regulaciones técnicas que Colombia estaría próxima a aplicar sobre los vehículos importados desde Estados Unidos. La medida, de acuerdo con Washington, representa una amenaza directa a su industria automotriz y podría derivar en la suspensión total de las exportaciones hacia el país andino.

El mensaje llegó de manera formal el 11 de abril de 2025, en una carta enviada a la ministra encargada de Comercio, Industria y Turismo, Cielo Rusinque. La misiva, firmada por el representante comercial estadounidense, Jamieson L. Greer, plantea un escenario de ruptura comercial si Colombia no frena o modifica las nuevas exigencias en materia de certificación automotriz.

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“Si Colombia no corrige esta situación, las importaciones de automóviles procedentes de Estados Unidos podrían cesar totalmente”, advierte Greer en uno de los apartes más contundentes del documento. La fecha límite establecida por Washington es el 2 de mayo, día en el que entraría en vigor el primero de los nuevos reglamentos.

El fondo de la disputa está en las normas de certificación que Colombia pretende exigir para los automóviles importados. Según Estados Unidos, estas regulaciones desconocen los estándares técnicos que por años fueron aceptados en el país y que están regidos por las Normas Federales de Seguridad de los Vehículos (Fmvss, por sus siglas en inglés).

Desde la perspectiva estadounidense, este cambio no solo resulta sorpresivo, también injustificado. “Colombia insiste en cambiar los requerimientos de certificación para los vehículos y sus componentes sin presentar evidencia alguna de que los métodos de regulación actuales (...) no cumplen con las regulaciones colombianas”, afirma Greer.

Más allá de la crítica técnica, la carta eleva el tono al considerar la decisión una amenaza comercial. “Es una práctica comercial desleal que puede generar una rápida acción coercitiva por parte de Estados Unidos (...) perturba la economía colombiana sin ninguna expectativa razonable de ganancias en seguridad pública”, señala el documento, que recalcó que esta acción obstruye el libre comercio entre los dos países.

Los cálculos del Gobierno de Trump estiman que las nuevas regulaciones colombianas afectarían cerca de 700 millones de dólares anuales en exportaciones automotrices provenientes de EE. UU., un golpe que consideran injustificado y perjudicial tanto para su economía como para la colombiana.

El Gobierno estadounidense también prevé que una interrupción en el comercio de vehículos tendría efectos adversos sobre el consumidor y el mercado colombiano en general. Entre los impactos que menciona están un posible aumento en los precios, limitaciones en la oferta de productos modernos y seguros, así como efectos negativos sobre el empleo. “La interrupción del comercio en el sector automotriz podría tener un impacto en las ventas de vehículos y los empleos colombianos, así como un aumento innecesario en los precios y limitar el acceso a los consumidores a productos más nuevos y seguros”, señaló la carta.

No obstante, la administración Trump dejó abierta la puerta a una salida negociada. Al final del documento, el funcionario propone una alternativa para evitar la inminente ruptura comercial. “Hay una forma de avanzar que cumple los objetivos colombianos y evita poner una barrera a nuestras exportaciones. Insto al Gobierno de Colombia a retrasar inmediatamente estas regulaciones para que nuestro equipo pueda encontrar una solución permanente”.

El conflicto, que pone a prueba las relaciones bilaterales entre ambas naciones, se da en un contexto sensible para Colombia, donde la regulación de vehículos hace parte de un debate más amplio sobre seguridad vial, transición energética y normativas ambientales. Sin embargo, con el reloj en cuenta regresiva hacia el 2 de mayo, el país enfrenta una decisión crítica: insistir en su política regulatoria o abrir una ventana de negociación para evitar represalias comerciales.