El secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, solicitó de manera formal a la Contraloría General de la República que asuma directamente las investigaciones sobre dos contratos cuestionados en el departamento del Meta: uno relacionado con Expomalocas 2024 y otro con el Fondo de Educación Superior del Meta (FES).
El pedido se sustenta en la figura de intervención funcional excepcional, ante la falta de acción de la Contraloría Departamental.
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“He solicitado al señor Contralor General de la República la aplicación de la figura de intervención funcional excepcional, para que asuma las investigaciones sobre el caso de Expomalocas y del Fondo de Educación Superior del Meta; denuncias interpuestas por la Secretaría de Transparencia en los meses de julio y diciembre del año 2024, respectivamente, ante la Contraloría departamental del Meta, sin que a la fecha hayan existido ningún tipo de indagaciones al respecto. ¡No más impunidad en el Meta!”, escribió Idárraga en su cuenta de X.
La Secretaría de Transparencia denunció ante la Contraloría del Meta posibles irregularidades en la contratación de ambos casos. En julio de 2024, advirtió sobre anomalías en el proceso de contratación para la realización de Expomalocas, la feria agroindustrial más importante del departamento. Meses después, en diciembre, elevó una nueva alerta sobre el manejo de recursos públicos destinados al Fondo de Educación Superior del Meta, el cual financia programas educativos para jóvenes del departamento.
Detalles de los contratos bajo sospecha
En el caso de Expomalocas 2024, el contrato fue adjudicado por valor de $6.440 millones a la Corporación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Corcumvi, con el objetivo de organizar y ejecutar el evento. Sin embargo, la Secretaría de Transparencia identificó posibles irregularidades en la planeación y ejecución del contrato, incluyendo aspectos como el fraccionamiento del objeto contractual, limitación en la pluralidad de oferentes y deficiencias en la supervisión.
Según el documento enviado por Idárraga al contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, “se advierte que no se garantizaron los principios de planeación, transparencia, responsabilidad y selección objetiva”. Además, se señala que la Contraloría del Meta no ha adelantado acción alguna a pesar de que la denuncia fue radicada desde hace más de nueve meses.
El otro caso, correspondiente al Fondo de Educación Superior del Meta, involucra un contrato por $12.000 millones firmado entre la Secretaría de Educación Departamental y la Corporación para la Educación y el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Cedcyt). El objetivo era el fortalecimiento del fondo mediante la gestión de becas y apoyos para estudiantes de bajos recursos.
La Secretaría de Transparencia advierte que los recursos no fueron girados directamente al FES, como ordena la ordenanza 1036 de 2021, sino a una entidad privada, sin justificación técnica ni jurídica para ello. Además, se cuestiona la idoneidad del contratista y el uso de un esquema de contratación que permitió eludir el sistema de información Secop II.
“Este contrato no tiene un soporte técnico que sustente la necesidad de tercerizar la administración de estos recursos, ni el valor pactado. No hay análisis del contratista ni estudios de mercado que respalden el monto”, señala el informe de Transparencia.
La Secretaría de Transparencia manifestó su preocupación por la ausencia de controles y vigilancia efectiva de los entes de control locales: “Las actuaciones de la Contraloría del Meta frente a estos casos configuran omisiones graves que podrían constituirse en faltas disciplinarias y hasta en prevaricato por omisión”, advierte el documento.
Además de remitir copia de la petición a la Procuraduría General de la Nación, Idárraga solicitó que se tomen medidas preventivas para proteger los recursos públicos y evitar que se sigan ejecutando contratos bajo las mismas condiciones.
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