Una serie de hechos ocurridos en el municipio de Soacha (Cundinamarca), encendió las alarmas entre autoridades locales y líderes políticos tras conocerse varios videos difundidos a través de redes sociales, en los que se observa a agentes de la Policía Nacional implicados en una confrontación con civiles.
Las imágenes, que rápidamente circularon en plataformas como Facebook y X, muestran a uniformados actuando contra personas en la vía pública, sin que en ellas se ofrezca un contexto claro sobre lo sucedido. Esta situación generó diversas reacciones desde distintos sectores y obligó a la Policía Metropolitana de Soacha a pronunciarse oficialmente.
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El incidente tuvo lugar en el barrio San Humberto, ubicado en la comuna seis del sector conocido como Chicó, donde, según el reporte oficial, se desarrollaban operativos de control por parte de patrullas policiales. Durante estas actividades, los uniformados dieron la orden de detención a un motociclista que transitaba por la zona. No obstante, el conductor habría ignorado dicha solicitud y decidió huir del lugar, lo que provocó una reacción inmediata por parte de otras unidades desplegadas en la jurisdicción, quienes iniciaron la búsqueda y posterior ubicación del ciudadano.
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El comandante de la Policía Metropolitana de Soacha, coronel Juan Gómez, ofreció una declaración pública en la que explicó la versión institucional de los hechos. “En atención a un video que circula por la red social Facebook, donde se da a conocer un presunto hecho de abuso de autoridad, la Policía Metropolitana de Soacha se permite informar lo siguiente. En momentos que se realizaban unos planes de control y verificación de antecedentes en la comuna Chicó de Soacha, la patrulla de policía da la orden de detención a un motociclista que estaba transitando por el lugar. Este hace caso omiso a dicha orden de policía y emprende la huida”, explicó el oficial.
De acuerdo con la narración del coronel Gómez, el intento de evasión llevó a que los agentes se movilizaran hasta el barrio San Humberto, donde finalmente se logró identificar al motociclista. Fue en este punto donde, según la institución, se presentó la confrontación con algunos residentes del sector.
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“Razón por la cual algunas personas que estaban en el entorno agreden a nuestros funcionarios de policía. Producto de esta agresión uno de nuestros funcionarios tiene unas lesiones en su rostro que generaron una incapacidad de 12 días por medicina legal. Estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de ataque a funcionario público y daño en bien ajeno”, indicó el comandante.
El pronunciamiento de la institución se produjo luego de que distintas voces en el ámbito político expresaran su preocupación por lo sucedido. Una de las primeras reacciones públicas provino de la concejala de Soacha, Natalia Moreno, integrante del movimiento Pacto Histórico. A través de su cuenta en la red social X, la concejala mostró su rechazo frente al accionar de los uniformados y exhortó a la administración municipal a asumir una posición clara frente a este tipo de procedimientos.
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“No se puede permitir que la @PoliciaColombia actúe como agresora de la ciudadanía. Pedimos al alcalde @JulianPericoJr seguimiento a este caso, que no se repita y se respeten los DDHH con enfoque de género en sus procedimientos”, señaló Moreno en su publicación.

El llamado de la concejala también se centró en exigir garantías para los derechos fundamentales de la población y pidió que las autoridades locales hicieran seguimiento al caso, con el fin de evitar que este tipo de situaciones se repitan. La solicitud fue dirigida expresamente al alcalde de Soacha, Julián Perico, que hasta el momento no ha emitido un pronunciamiento oficial.
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Independiente del comunicado de las autoridades, lo cierto es que la comunidad digital denunció el presunto caso de abuso de autoridad, en el que miembros de la Policía habrían agredido físicamente a una menor de edad, sin que mediara justificación clara o proporcionalidad en su intervención. Este señalamiento no solo apunta a un uso excesivo de la fuerza, sino a una vulneración directa a la integridad de una persona especialmente protegida por la ley.
“La ley debe proteger a todos por igual”, afirman quienes han compartido la denuncia en plataformas digitales, recordando que portar un uniforme no puede convertirse en una licencia para actuar al margen de los principios legales ni justificar acciones que afecten la dignidad de las personas.
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