
El cese al fuego bilateral entre el Gobierno colombiano y el Estado Mayor de los Bloques y Frente (Embf) de las disidencias de las Farc, liderados por Alexander Díaz, conocido como alias Calarcá, se expira el martes 15 de abril de 2025.
Ante ello, ambas delegaciones hicieron una solicitud al presidente Gustavo Petro para que dicha medida sea prorrogada a seis meses, con el propósito de consolidar los acuerdos alcanzados entre las partes hasta ahora y garantizar un ambiente propicio para continuar las negociaciones.
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Esta decisión se conoce tras un encuentro entre representantes de la administración Petro y la disidencia de alias Calarcá en el municipio de La Macarena, en el departamento de Meta, realizado entre el 12 y 13 de abril de 2025, en donde se discutieron temas clave relacionados con el respeto a la población civil y la protección del medio ambiente, con especial énfasis en los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare.
“Las delegaciones acordaron solicitar la prórroga del cese al fuego por seis meses más, que se consideran necesarios para cumplir con los compromisos en cuanto a transformaciones territoriales y de economías ilegales, revitalización de la selva, fortalecimiento de todas las medidas de protección a la población civil, Zonas de Reserva Campesina, medidas de formalización de tierras, experiencias de transición a actividades productivas y sociales sin armas por parte de los integrantes del EMBF de las Farc-EP, entre otras”, se lee en un comunicado revelado por Blu Radio.
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Además, en el encuentro también se abordaron avances en áreas como la distribución de tierras, el desarrollo de proyectos productivos y la creación de reservas campesinas, elementos fundamentales para garantizar una paz sostenible en las zonas afectadas por el conflicto.
De acuerdo con el comunicado conjunto, las delegaciones han establecido una hoja de ruta para los próximos meses que incluye la definición de una visión estratégica compartida. Para ello, se ha programado una nueva reunión dentro de los primeros 15 días de mayo de 2025, en la que el Gobierno garantizará las condiciones necesarias para su desarrollo.
“Abordar la agenda temática con los asuntos relativos a justicia, armas, víctimas, gobernanza territorial e incorporación al Estado Social de Derecho. Elaborar un plan de no retorno del proceso que cuente con una metodología clara para esta etapa, ordene las prioridades de la discusión y mejore el funcionamiento de la mesa”, explicaron las delegaciones en el comunicado.
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Uno de los puntos centrales del acuerdo es la transformación de las economías ilícitas en las regiones afectadas por el conflicto. Según lo informado, este objetivo está estrechamente vinculado a la revitalización de la selva y al fortalecimiento de las medidas de protección para las comunidades locales. Las delegaciones consideran que estas acciones son fundamentales para garantizar la seguridad de la población civil y promover un desarrollo sostenible en las zonas históricamente afectadas por la violencia.
El comunicado también destaca la importancia de las Zonas de Reserva Campesina como una herramienta para la formalización de tierras y el desarrollo rural. Estas zonas, que buscan garantizar el acceso a la tierra para los campesinos, son vistas como un paso crucial para reducir las desigualdades en las áreas rurales y fomentar la paz en el territorio.
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Según reveló Caracol Radio, en dicho encuentro, se destacó la presencia de Andrey Avendaño, vocero del Frente 33 de las disidencias de las Farc, que opera en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander. Antes del encuentro de mayo, las delegaciones sostendrán una reunión previa el 28 y 30 de abril de 2025, con el propósito de establecer medidas concretas para garantizar el monitoreo efectivo de las reglas y compromisos del cese al fuego.
El cese al fuego bilateral, que ha estado en vigor durante un año, ha sido un componente central del proceso de paz entre el Gobierno y los bloques liderados por alias ‘Calarcá’. Mientras tanto, las comunidades en las regiones afectadas esperan que las negociaciones continúen avanzando hacia una paz duradera que respete sus derechos y promueva su desarrollo.
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